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El pasado 15 de mayo el Congreso aprobó el Proyecto de Ley que Sistematiza los Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente. A pesar de que la ley se tramitó durante cuatro años, esta semana la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) recurrió al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre lo que consideran vicios de constitucionalidad.
En Mirada Líbero conversamos con el abogado penalista, socio en Cariola Diez Pérez-Cotapos y profesor de derecho Penal en la Universidad de Santiago Jorge Boldt, quien señaló que “es valioso revisar si se hizo bien esta reforma”.
Si bien la decisión de la CPC ha generado el rechazo tanto del gobierno como de los parlamentarios oficialistas, para el penalista esta ley contó con una tramitación “más rápida de lo usual, y tenemos que sumarle que no es un proyecto simple, es la reforma al Código Penal más importante que se tenga registro, que tiene una serie de modificaciones bastante extensa y muy profundas”.
En este sentido, para Boldt el Tribunal Constitucional debe mirar con atención lo que se le plantea por parte del gran empresariado y también por parte de los parlamentarios que respondieron. “El ejercicio que se está haciendo es bueno”, aseguró.
“Se crea todo un estatuto nuevo aplicable para los delitos que la ley define como económicos”
La importancia de esta ley radica en que tiene la intención de hacerse cargo de aquella sensación de impunidad contra las empresas cuando se comete delito. En este sentido, Boldt explicó que “se crea todo un estatuto nuevo aplicable para los delitos que la ley define como económicos”, diferenciándolos de los delitos comunes o tradicionales.
“Esto significa que los delitos económicos van a tener distintas atenuantes y agravantes, distintas formas de determinación de penas, reglas especiales y una incidencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por último se incorporan delitos nuevos, como los medioambientales, que antes no existían, al igual que se establecen regulaciones y modificaciones a la ley de mercado de valores de sociedades anónimas”, detalló el penalista.
En este sentido, el experto planteó que uno de los elementos que generan controversia es que algunos de estos delitos económicos quedarían en manos del Ministerio Público. “El Ministerio Público tiene una sobrecarga importante que uno ve en el día a día, están bastante acogotados, y con esto se le viene una avalancha de casos nuevos, por lo menos al inicio”.
De esta manera, el abogado aseguró que esta nueva legislación “va a tener un impacto en el mercado en general. La más obvia es la forma en la cual está regulada la responsabilidad de la persona jurídica, que es bastante más intensa y va a crear, creo yo, una especie de círculo burocrático en el ámbito privado”.
«Hay una tendencia en la norma a sospechar más de la actividad empresarial»
Boldt coincidió en parte con lo planteado por la CPC y aseguró que “da la sensación de un sesgo en contra de los grupos empresariales, hay una tendencia en la norma a sospechar más de la actividad empresarial, y entiendo que se pongan a la defensiva, porque desde la perspectiva de un empresario que siente que está haciendo las cosas bien, esto lo hace sentir como si fuera un delincuente”.
Así, planteó que “lo que hay que hacer es revisar todo el conjunto de normas especiales para empresarios, como por ejemplo que haya una gravación mayor de la pena cuando la posición jerárquica sea superior, ver si esa medida o esa forma de discriminación está justificada o no, si es arbitrario o no. Eso lo tiene que ver el Tribunal Constitucional”.
Fuente: ellibero.cl
