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Si el denominado “Caso Indultos”, con evidentes y trágicas consecuencias para la hoy ex Ministra de Justicia, remeció los cimientos del Gobierno de Boric, nuevos antecedentes proporcionados a inicios de enero por el Subsecretario de Justicia, Manuel Monsalve, ponen de manifiesto que un conjunto de 418 personas, cuyas identidades están amparados bajo la causal de secreto o reserva, fueron consideradas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como Víctimas del Estallido Social sin mediar pronunciamiento o fallo por parte de los Tribunales de Justicia y con total desconocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
Para diversas Víctimas de DDHH de la Dictadura, quienes aún esperan fallos judiciales o acreditación judicial de procesos para recibir una indemnización por parte del Estado, la actuación del INDH y del Departamento de Acción Social dependiente del Subsecretario del Interior constituye una ofensa o bofetada a los cientos de ciudadanos chilenos, Víctimas de la Opresión Militar, que aún esperan por una reparación efectiva o pensión digna.
Por: Departamento de Investigación de El Minuto
Entre $700.000 y $1.000.000 de pesos al mes, un total de 418 personas, consideradas por el INDH como Víctimas del Estallido Social, son los fondos que perciben por concepto de Pensiones de Gracia otorgados por el Presidente de la República al amparo de la Ley 18.056 con cargo a la Glosa 12, Partida 50, Capítulo 02, Programa 02, de la Ley de Presupuestos del año 2022, de fecha 25 de diciembre de 2022, elaborado por el Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior por el entonces Gobierno del Presidente Piñera. De esta manera, desde el pasado mes de agosto, con presupuesto de la Nación, 418 ciudadanos -sobre quienes no se conocen mayores antecedentes – son beneficiarios de Pensiones de Gracia amparados por la Ley 18.056.
Por regla general, nadie en Chile puede ser indemnizado o reparado con fondos públicos que provienen de los impuestos de todos los chilenos, sin que previamente exista una sentencia firme y ejecutoriada que lo dictamine. Prueba de ello son las numerosas familias y víctimas afectados por los agentes del Estado que operaron entre 1973 y 1990 quienes, para obtener reparación e indemnización efectiva por parte del Estado, han debido esperar largos años (incluso décadas) por una sentencia favorable en contra de la cual permanentemente recurre el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Génesis de la Petición
Con fecha 19 de octubre pasado, la abogada Ruzy Mitrovic López, quien representa a numerosas Víctimas de la Dictadura, tras infructuosas reuniones con Haydee Oberreuter en busca de una fórmula para que sus representados resulten reparados por el Estado, decidió solicitar al Ministerio de Justicia, específicamente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, copia de los nombres y apellidos, edad y monto o pago mensual para los Beneficiarios que fueron considerados como Víctimas del Estallido Social. Además la profesional solicitó copia de las sentencias, resoluciones o fallos emitidos por los tribunales de justicia que conocieron los hechos y que determinaron, luego de valorar y de ponderar las pruebas, que dichos ciudadanos efectivamente resultaron dañados por la acción de agentes del Estado durante los hechos de violencia que acontecieron a partir del 19 de octubre de 2019. Finalmente, la jurisconsulta pidió que se le diera a conocer el origen de los fondos para pagar las Pensiones de Gracia a las denominadas Víctimas del Estallido Social.
Con fecha 14 de noviembre la Subsecretaria (S) de Derechos Humanos Daniela Quintanilla Mateff respondió a la abogada Mitrovic que el Ministerio de Justicia lamentablemente no disponía de la información pedida pero que los antecedentes habían sido redireccionados a Daniel Jana Torres, Jefe del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior. A su vez, doña María Ester Torres Hidalgo y Jaime Gajardo Falcón, Subsecretaria (S) y Subsecretario de Justicia, respectivamente, derivan los antecedentes de la señora Mitrovic López al gabinete del Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve Benavides para que den respuesta dentro del plazo que dispone la Ley de Transparencia N° 20.285.
Subsecretario del Interior responde
Luego de varios oficios, derivaciones y traslados, finalmente el Subsecretario del Interior encarga a doña Luppy Aguirre Bravo, Jefa de la División Jurídica de dicha cartera, la emisión del respectivo informe y redacción del oficio de respuesta. Es así como con fecha 29 de diciembre de 2022, efectuando un sucinto resumen, se confecciona una contestación al siguiente tenor:
1.- El Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió una lista con 418 personas, a quienes la Directiva de dicho ente público consideró como Víctimas del Estallido Social; lista que al ser visada por el Departamento de Acción Social de la Subsecretaría de Interior se derivó, a su vez, al Subsecretario del Interior para su aprobación y firma. Concluido este proceso y aprobados los nombres por el Presidente de la República, Manuel Monsalve Benavides emite oficio a Tesorería General de la República para que a los Beneficiarios con Pensiones de Gracia, amparados por la Ley 18.056, se les cancele la suma de dinero indicada con cargo a la Glosa 12, Partida 50, Capítulo 02, Programa 02, de la Ley de Presupuestos del año 2022, de fecha 25 de diciembre de 2022, elaborado por el Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior.
2.- Desde que se inició el pago de las Pensiones de Gracia, a partir de agosto y hasta diciembre de 2022, el Estado de Chile provisionó la suma de $685.000.000 de pesos (con un tope de $177.000.000 al mes) para reparar a quienes el Presidente Boric, por petición e informe del INDH, calificó como Víctimas del Estallido Social cancelándoseles a los, hasta ahora, 418 Beneficiarios, una suma mensual que varía entre $700.000 y $1.000.000 de pesos.
3.- Referente a la publicidad de los nombres de los Beneficiarios, tanto el INDH como la Subsecretaría del Interior determinaron que los antecedentes de las personas consideradas Víctimas eran reservados por estar amparados por el artículo 21 de la Ley 20.285 y por el artículo 4° de la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada. Mediante un Excel acompañado se informa la edad y el monto mensual percibido (borrando nombre y apellidos) para 299 personas del total de 418 Beneficiarios.
4.- Finalmente, la Subsecretaría del Interior reconoce que no existe sentencia, fallo o resolución emanado por los Tribunales de Justicia ni pronunciado por la Corte Suprema que, luego de ponderar y valorar la prueba, hayan dictaminado que las 418 presuntas Víctimas del Estallido Social fueron efectivamente dañados por agentes del Estado durante los hechos que se conocieron a partir de octubre de 2019.
En conclusión, para la abogada Ruzy Mitrovic (recurrente en estas peticiones) en un Estado de Derecho no procede que casi US 2.5 millones de dólares anuales (que fueron aprobados en diciembre de 2021 durante el anterior mandato) sean destinados en reparar económicamente a personas cuyos nombres desconocemos, cuyos antecedentes de supuestos ilícitos no nos constan y que dichos hechos no han sido sometidos a conocimiento ni de los tribunales ordinarios de Justicia ni de la Corte Suprema. Si creemos realmente en la separación de Poderes del Estado -prosigue la abogada – no parece comprensible que sea el Instituto Nacional de Derechos Humanos el que, atribuyéndose facultades especiales bajo pretexto de circunstancias especiales, dirima o dictamine quiénes son los ciudadanos beneficiarios de una reparación o indemnización bajo hechos y circunstancias que son materia de conocimiento exclusivas del Poder Judicial.
Y termina la abogada Mitrovic sentenciando “Todo acto en contravención al artículo 7° de nuestra actual Carta Magna es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.
Fuente: elminuto.cl
