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La vicepresidenta de Argentina se considera víctima de una persecución: “Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial”.
Ha sido un día negro para Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Diego Luciani ha pedido este lunes contra ella, tras nueve días de lectura de alegatos, 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La vicepresidenta respondió al fiscal desde sus redes sociales, luego de que el Tribunal le negase la posibilidad de ampliar este martes su declaración, como había solicitado. “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa”, escribió. El pedido de condena es el punto culminante de la llamada “causa Vialidad”, en la que Kirchner y otros 12 imputados están acusados de desviar fondos de la obra pública para enriquecerse. Inicia ahora la etapa final del juicio oral, con la lectura de los argumentos de la defensa. Si se cumplen los tiempos procesales, la condena o absolución de la expresidenta argentina estará lista para finales de año.
Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita creada para extraer fondos del Estado Nacional “desde la cúpula del poder”. Luciani ha dicho que la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando. Su mayor esfuerzo estuvo en aportar pruebas sobre este punto. Para ello difundió durante sus alegatos mensajes de WhatsApp donde los acusados mencionan a la por entonces presidenta de dar el visto bueno a tal o cual contrato. El fiscal se refirió a una estructura de corrupción “extraordinaria”. Y detalló un aceitado mecanismo donde el empresario Lázaro Báez, hoy condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero, recibía a cambio de retornos contratos millonarios de obra pública en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
“Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Los imputados, en una estricta separación de roles, sustrajeron frutos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas necesarias para hacerlos con impunidad y desactivando todos los mecanismos de control. La corrupción fue la regla; se creó un eficaz sistema de corrupción institucional”, dijo el fiscal en el cierre de una acusación especialmente dura y de alto contenido político. Durante nueve días, Luciani se esforzó por probar la responsabilidad de Kirchner, y la colocó al frente de una presunta asociación ilícita creada durante el mandato de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007) y continuada bajo su Gobierno.
El fiscal Luciani estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, una empresa reada por Lázaro Báez, un ignoto empleado de banco que en pocos meses se convirtió en millonario. Como argumentos del presunto fraude, la fiscalía dijo que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba, celebrara una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner.
Sentados en el banquillo están también el exministro de Obras Públicas Julio de Vido y el secretario de la misma cartera, José López. De Vido está preso por su responsabilidad en la llamada tragedia de Once, un accidente de los ferrocarriles bajo su mando que en 2012 dejó 52 muertos en pleno centro de Buenos Aires. El fiscal Luciani pidió este martes para De Vido 10 años de cárcel por “asociación ilítica agravada”. José López, en tanto, fue atrapado in fraganti en 2016 cuando intentaba esconder nueve millones de dólares en siete bolsas en un convento. Está preso por ese delito, y el fiscal ha pedido ahora contra él otros 10 años.
En 2019, un tribunal condenó a López a seis años de cárcel. Luciani no encontró atenuantes para ninguno de ellos. Cargó especialmente contra Cristina Kirchner, a la que consideró “una de las principales usufructarias de los delitos cometidos”. “Ostentaba el cargo máximo y empleó sus competencias y su poder de dirección sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar el lucro. No encuentro ni un solo atenuante a los graves crímenes cometidos”, dijo.
Durante los nueve días de lectura de alegatos, la expresidenta intentó apartar del juicio al fiscal Luciani y a uno de los tres jueces del tribunal, Rodrígo Giménez Uriburu. Se basó en una foto difundida por la prensa que muestra a ambos como participantes habituales de los torneos de fútbol que el expresidente Mauricio Macri organiza en Los abrojos, su casa de fin de semana. “Todo hace juego con todo”, escribió Kirchner en las redes, y mostró la foto como prueba de que había una “amistad personal” entre juez y fiscal. No tuvo éxito y este lunes debió escuchar cómo Luciani pedía cárcel para ella y el resto de los imputados.
La causa Vialidad es la que más complica a la vicepresidenta. No teme a la cárcel, porque en diciembre ya habrá cumplido 70 años y, en el peor de los casos, le corresponde la prisión domiciliaria. Tiene, además, fueros como vicepresidenta que solo puede perder mediante un juicio político. Teme, sin embargo, al pedido de inhabilitación perpetua, una decisión que la dejaría fuera de la carrera política. El año que viene hay elecciones presidenciales en Argentina y su nombre nunca está descartado en las listas de candidatos del peronismo.
La reacción del peronismo al cierre de los alegatos ha sido, como nunca, de unidad. El presidente, Alberto Fernández, y Cristina Kirchner no se hablan, pero los ministros, gobernadores y alcaldes de la coalición coincidieron en la víspera con mensajes de repudio a cualquier condena contra la líder política del movimiento. “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez”, escribió Fernández en sus redes, junto a un comunicado oficial en el que el Poder Ejecutivo considera el juicio contra Kirchner “una persecución judicial y mediática”.
La lectura del peronismo, tanto kirchnerista como no kirchnerista, es que el objetivo final de la causa vialidad es la proscripción política de Kirchner. Rememoran aquella que padeció durante casi 20 años Juan Domingo Perón, fundador del peronismo.
Fuente: elpais.com
