INICIO
MUNDO
NACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
TIEMPO LIBRE
Fuentes que maneja el diputado Gerardo Milman, exsecretario de Seguridad Interior de Argentina, indican que en ese país existió un pedido para constituir una “base no oficial” de ciber inteligencia, cuyo equipo estaría integrado por ciudadanos venezolanos, dos de los cuales serían de la tripulación de la aeronave de origen iraní que se encuentra retenida en ese país. Según el documento “todos los identificados participarán y ejecutarán operaciones de ciber inteligencia a favor de Gabriel Boric”.
Los diputados Gerardo Milman y Cristian Ritondo, vicepresidente y presidente del bloque PRO en Argentina, solicitaron información al Poder Ejecutivo de su país con la finalidad de que aclare si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “a principios del año 2022, habría solicitado al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que estableciera en territorio argentino una base no oficial para realizar tareas de ciber inteligencia con el fin de recopilar, procesar y organizar información política local e internacional” y además “manipular información y producir contra información”.
Los legisladores individualizan en la petición a tres ciudadanos venezolanos, dos de los cuales serían tripulantes del avión venezolano-iraní, de la aerolínea Emtrasur, detenido en Ezeiza porque se presume tiene vínculos con grupos terroristas.
El documento presentado por los legisladores en el Congreso, como un proyecto de resolución, se hizo a partir de fuentes que maneja el diputado Gerardo Milman, quien además es exsecretario de Seguridad Interior de Argentina. De acuerdo con este informe confidencial, al que El Líbero tuvo acceso: “Todos los identificados participarán y ejecutarán operaciones de ciber inteligencia a favor de Gabriel Boric (Chile)”.
Líneas que, según pudo conocer este medio, fueron omitidas deliberadamente de la solicitud de información hecha al Poder Ejecutivo argentino por razones diplomáticas.
Tanto el documento confidencial, como el proyecto de resolución -que es público- detallan los nombres de pila de los venezolanos que estarían involucrados: Victoria Vanessa, Pasaporte N° 161678667; José Miguel, Pasaporte N° 085938119 y Jorge Gabriel, Pasaporte N° 167156547.
Los dos primeros serían parte de la tripulación del Boeing 747 Dreamliner, matrícula YV3531, que actualmente se encuentra retenido en Argentina por sus vínculos con organizaciones terroristas iraníes.
Este tema también ha generado preocupación al otro lado de la cordillera. La información sobre la “participación y ejecución de operaciones de ciber inteligencia a favor de Gabriel Boric” fue presentada por el reconocido periodista argentino Nicolás Wiñazki a principios de semana, a través del canal de televisión TN, señal que pertenece al Grupo Clarín.
Tripulación bajo sospecha de «ciber inteligencia»
En el proyecto de resolución presentado por los legisladores se pide al Ejecutivo de Argentina que aclare “si tiene información acerca de que estas personas son especialistas en ciber inteligencia”.
Además se dice que teniendo a la vista el Acta de Autorización Provisoria de Permanencia, elaborada por personal de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina el pasado 8 de junio a quienes se supone iban como tripulantes del avión cuestionado “se puede identificar la coincidencia del N° de Pasaporte 085938119 perteneciente al ciudadano venezolano RAMÍREZ MARTÍNEZ, JOSÉ con el supuesto agente José Miguel, Pasaporte N° 085938119”.
Asimismo dice: “Se puede identificar la coincidencia del nombre de pila y de 7 de los 9 números del documento N° de Pasaporte 161678674 perteneciente a la ciudadana venezolana MALVIDIEZO MARVAL, VICTORIA (sic) con la supuesta agente Victoria Vanessa, Pasaporte N° 161678667”
Y solicitan con respecto a ambos que el Poder Ejecutivo aclare con qué profesión se identificaron al momento de ingresar a Argentina, cuántas veces estuvieron antes en ese país, fechas de ingresos y egresos, y los domicilios de residencia temporaria para el caso de José.
También piden informes sobre “si estos dos ciudadanos venezolanos identificados en la lista confeccionada por Migraciones, serían en realidad agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuya especialidad serían las actividades vinculadas a la ciber inteligencia”.
Valdiviezo Marval era la única mujer entre los tripulantes y se desempeña, según una foto subida en su cuenta de Facebook en 2017, en el Servicio a la Navegación Aérea (SNA) del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano. Y Ramírez Martínez era uno de los tripulantes de cabina de la aeronave.
El origen de la controversia
Desde principios de junio en Argentina causa controversia un Boeing 747 Dreamliner, matrícula YV3531. Se trata de un avión de carga operado por Emtrasur, filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa. La aeronave habría sido transferida en febrero a Venezuela por la iraní Mahan Air.
Tanto Conviasa como Mahan Air están sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La primera por “trasladar a funcionarios corruptos” a destinos como Corea del Norte, Cuba e Irán con el fin de “impulsar el apoyo a los esfuerzos antidemocráticos” de Nicolás Maduro; y la segunda por haber transportado armas, equipos y fondos de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (IRGC-QF, por sus siglas en inglés).
De hecho, el piloto de la aeronave retenida en Argentina fue identificado como Gholamreza Ghasemi, integrante de la organización Al Qud, y fue imputado el 21 de junio en el país trasandino por ser sospechoso de terrorismo.
El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, aseguró el lunes que “no son claros” los papeles del avión YV3531, según los cuales Mahan Air transfirió la aeronave a Emtrasur.
Las autoridades argentinas también sospechan que la aeronave podría pertenecer a Fars Air Qeshm, otra aerolínea señalada por Estados Unidos como un instrumento para trasladar armas de Irán a Hezbollah y de la que sería directivo Gholamreza Ghasemi.
Qué más dice el informe
A partir de la información confidencial recibida, los diputados también preguntan si Cristina Fernández de Kirchner, actuó por intermedio de Oscar Parrilli, actual senador y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en su solicitud a Venezuela para constituir esta base no oficial.
Así como si el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, previo al arribo del avión en cuestión, habría recibido una comunicación proveniente de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la Argentina, solicitando lo siguiente: “1.1. Que el sistema de seguridad nacional no interfiriera ni ejerciera su función con el avión referido ni con su tripulación. 1.2. Si esta solicitud se habría justificado en que dicho avión estaba siendo observado por agencias de inteligencia extranjeras, pero que debía hacer una escala en territorio argentino para realizar una tarea de manutención técnica. 1.3. Si tal solicitud habría sido aceptada por el interventor de la AFI”.
Y a partir de los antecedentes disponibles, también se pregunta si Venezuela habría solicitado permiso al gobierno argentino para que dichas personas pudieran establecerse en el país como agentes de inteligencia; si la aeronave transportaba equipamientos tecnológicos aptos para la ciber inteligencia; y si la reunión entre el Presidente norteamericano Joe Biden y el Presidente Alberto Fernández, a celebrarse a fines de julio, está supeditada a la colaboración argentina con la justicia estadounidense.
Hasta el momento, tales peticiones no han tenido respuesta, pese a que son múltiples los pedidos de informes que han hecho los legisladores.
Por el “Cono Sur”
En el fundamento de la petición firmada por los diputados Milman y Ritondo se lee como argumentos: “Ya no es una escuela de vuelo con instructores iraníes, no es un fletero internacional de cigarrillos y autopartes, es, en apariencia, una acción de alimentar de equipamiento tecnológico a una base de operaciones de Ciber Inteligencia con agentes venezolanos, para operar en el Cono Sur y con el apoyo e interés de sectores del propio gobierno”.
Y agregan: “La gravedad de este asunto de alcance internacional necesita que el gobierno hable, ya no calle ni intente ocultar su responsabilidad directa. Los argentinos necesitamos que al menos una vez en su mandato el presidente Fernández y la vicepresidente Kirchner hablen con la verdad y se hagan cargo de sus actos”.
Iraníes “instructores”
Los aviones transferidos este año de Irán a Venezuela son tres. El de matrícula YV3531 retenido en Buenos Aires; el YV3535 que fue transferido el 15 de junio de Mahan Air a Conviasa y el YV3533 que aterrizó en Santiago el 22 de junio y que entró a la flota de Conviasa en marzo.
El Líbero pudo saber que la tripulación de la aeronave que estuvo en Santiago durante tres horas el 22 de junio, la conformaban 17 personas todas de nacionalidad venezolana.
Tras el escándalo, Conviasa suspendió los vuelo Caracas-Ezeiza-Caracas previsto para los días 27/28 de junio; y el Caracas-Santiago-Caracas del 29/30 de junio.
El presidente de Emtrasur, la filial de carga de Conviasa, César Pérez, declaró este fin de semana que en el caso de los iraníes que conformaban la tripulación del YV3531 se trataba de “instructores”; y reconoció que en el avión también viajaban el Gerente General de Operaciones y el Gerente de Finanzas de Emtrasur.
“De acuerdo a la política de nuestra empresa, cuando se visita por primera vez un aeropuerto asiste el Gerente General de Operaciones. ¿Para qué lo hace? Para hacer enlace directo, para contactar con las autoridades, para conocerlos. Eso es normal. Adicional, anexé al Gerente de Finanzas que también realiza reuniones previas, desde el punto de vista financiero con nuestros enlaces en los aeropuertos”, dijo Pérez.
Asimismo, con respecto al número de tripulantes, que fue una de las primeras irregularidades observadas apuntó que “había tripulantes para ayudar a la dama encargada de la distribución de la carga: Victoria Vanessa Valdiviezo Marval. “Necesita apoyo de fuerza para poder moverla” justificó.
Fuente: ellibero.cl
