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La PUC presentó un reclamo en contra del Consejo para la Transparencia ante el tribunal con el objeto de dejar sin efecto la orden del organismo que estableció la calidad de públicos de los antecedentes solicitados.
Tras rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT) por la Universidad Católica, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la orden dada por éste de entregar copias de los ensayos clínicos efectuados en Chile sobre la vacuna contra el coronavirus de Sinovac Biotech y Janssen Pharmaceutical Companies (rol N° 377-2021). Lo anterior, sin considerar, en caso de que dichos documentos lo contengan, información sobre la fórmula del producto farmacéutico y/o el proceso de elaboración, así como datos personales de contexto.
La decisión del CPLT (amparo rol C8495-20) estableció la calidad de públicos de los antecedentes solicitados, los que fueron denegados por el organismo público puesto que terceros involucrados, en este caso la empresa Jhonson & Jhonson de Chile S.A. y la Pontificia Universidad Católica de Chile se opusieron a su entrega -acorde a lo que establece la Ley de Transparencia (art. 20)-.
A juicio del tribunal, las alegaciones de la Universidad no lograron acreditar el daño que justificara la reserva de los antecedentes, entre ellos, desestimó la afectación de derechos económicos y comerciales que la empresa argumentó durante el proceso ante el CPLT.
Asimismo, ratificó lo establecido por el Consejo sobre el uso de esta información para dictar actos administrativos, es decir, para la toma de decisiones vinculadas al permiso de ejecución de un ensayo clínico de una vacuna contra el Covid-19.
La PUC todavía puede acudir a la Corte Suprema –mediante un recurso de queja en contra de los ministros de la Quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que se pronunció sobre este caso-, por lo que cabe esperar aún las acciones que puedan emprender esta semana previo al cumplimiento de la orden de entrega.
Durante el proceso desarrollado ante el Consejo, la empresa Jhonson & Jhonson de Chile S.A. defendió la confidencialidad de la información entregada al ISP, acción que acorde a lo alegado por la empresa se realizó para fines específicos asociados a la autorización de uso provisional que el órgano público debe otorgar acorde a la normativa vigente.
Fuente: diarioconstitucional.cl
