La condena por “apropiación indebida” del líder de Ukamau

Aland Castro es uno de los líderes del movimiento de pobladores Ukamau. Fue detenido en 2017 al ser acusado por una estafa que involucraba más de $14 millones. Al momento de la aprehensión, de acuerdo con el informe de la PDI, estaba casado con Doris González, uno de los rostros más visibles del comando de Boric en su campaña presidencial. Castro fue condenado a 61 días de presidio menor.

Declarado como culpable y autor del delito de apropiación indebida, Aland Castro (a la derecha en la foto de esta nota), uno de los coordinadores del movimiento de pobladores Ukamau, fue condenado a 61 días de presidio menor en 2017. De acuerdo con el expediente del Poder Judicial y la sentencia emitida por el tribunal de Los Andes el 23 de agosto de dicho año, la historia se remonta al periodo en el que  se desempeñaba como administrador de la Egis “Pangal”.

Según determinó el Poder Judicial, Castro utilizó su cargo en la entidad de gestión inmobiliaria para realizar cobros indebidos a los miembros de los comité de vivienda “Ojos de Agua” y “Ojos del Inca”. Con la excusa de cubrir “gastos operacionales” recaudó más de $14 millones en su cuenta bancaria, monto que lo dejó con un saldo en números verdes y de paso con el ahorro de las familias, quienes nunca recibieron su dinero de vuelta. 

En un procedimiento simplificado, la sentencia emanada desde el Juzgado de Garantía de Los Andes detalla que “como parte del fondo solidario y vivienda acogido al decreto supremo N° 274 de la Vivienda y Urbanismo del año 2005 se crearon en esta provincia dos comités habitacionales de nombre Ojos de Agua y Ojos de Inca contando con 104 socios cada uno de estos comités a los cuales se fueron asesorados por la Empresa de Gestión Egis Pangal, cuyo Administrador y Encargado era don Aland Castro Nuñez, para efectos se solicitó a cada uno de los socios la suma de $70.000 pesos para gastos operacionales que debía ser cancelado en cuotas“, y depositado en la cuenta Rut del Banco Estado perteneciente a Castro, explican en el documento oficial.

Asimismo, el texto determina que hubo “$14.560.000 aproximadamente que fueron enterados en la Cuenta Rut del imputado. Durante el año 2012 se logra obtener que efectivamente no habían sido realizados los proyectos habitacionales por los cuales se generó la denuncia”. Finalmente Castro fue condenado, en 2017, en calidad de autor por el delito consumado de apropiación indebida por los hechos descritos que ocurrieron entre 2006 y 2012.

Según reporta uno de los informes de la Policía de Investigaciones (PDI), al momento de la detención el condenado estaba casado con Doris González, la vicepresidenta del Partido Comunes y exvocera de Ukamau. Sin embargo, al consultar los documentos en línea del Registro Civil no es posible obtener un certificado de matrimonio para Castro, ni tampoco para González.

Marcado por un historial asociado al rubro inmobiliario y las agrupaciones de pobladores, el sociólogo de profesión no solo registra un rol en Pangal, sino también en Feman, la fundación mano derecha de Ukamau. Es allí donde desde 2013 se desempeña como encargado del diagnóstico comunitario, una tarea que se ajusta a los trabajos que ha desarrollado y al menos así lo refleja la descripción de su perfil de LinkedIn, donde se define como un  profesional “con amplia experiencia en el sector gestión social y construcción. Capacidad de trabajo en equipo y también en proyectos más personales”. 

El vínculo une a Castro con una de las figuras líderes de la campaña presidencial de Gabriel Boric y que, según comentan fuentes fuera de micrófono, podría ser considerada para desempeñar un cargo en el re-articulado Ministerio de Vivienda del representante de Apruebo Dignidad. 

La pena, además de los 61 días de presidio menor en su grado mínimo, incluyó una multa de 3 UTM. Castro recibió el beneficio de remisión condicional de la pena por el término de 1 año, debiendo presentarse en el Centro de Reinserción Social de Los Andes a más tardar al quinto día de ejecutoriada la sentencia.

En septiembre de 2018, el Juzgado de Garantía de Los Andes informó el término de la condena. “Téngase presente oficio del Centro de Reinserción Social de Santiago, informando el cumplimiento de la pena, por parte del condenado Aland Patricio Castro Núñez. Se deja constancia que revisada la base de datos del Registro Civil e Identificación, la sentencia dictada en la presente causa se encuentra debidamente registrada. Comuníquese lo resuelto al Sub Departamento de Filiación Penal del Servicio de Registro Civil e Identificación de Santiago”, determinó la justicia.

La historia del delito

Según explican los “antecedentes de detención” entregados por la PDI el 21 de agosto del 2017, el involucrado fue arrestado luego de que la policía se percatara de la orden de detención emanada por el Juzgado de Garantía de los Andes el 5 de julio de ese año. 

El documento relata que Castro fue detenido “a las 12.45 horas, en la vía pública” en la comuna de Cerrillos, ya que al ser detenido por la policía y “ser consultado en el Sistema de Gestión Policial (Gepol), registró una orden de detención… por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares“.

Las alertas ya estaban encendidas, ya que el 5 de julio de dicho año, en el Juzgado de Garantía de Los Andes quedó constancia de que Aland Castro había salido del país en reiteradas ocasiones: “El imputado registra reiteradas salidas del país entre las fechas del 26 de mayo de 2012 al 27 de junio de 2017, según lo informado el día de hoy, por Policía Internacional al Jefe de Unidad de Causas y Sala”, dice la Individualización de Audiencia de comparecencia judicial.

Las personas afectadas debieron realizar depósitos directos a la Cuenta Rut del imputado. “Pangal” funcionaba como una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (Egis), que son las encargadas de entregar asistencias y respaldo a quienes postulan a la compra o construcción de una casa. Tal como explica el sitio del Ministerio de Vivienda (Minvu), este tenía la tarea de organizar a las familias y realizar las gestiones necesarias para que obtengan su vivienda. Asimismo, adquiere una responsabilidad en “las distintas etapas de los proyectos de construcción y de adquisición de viviendas construidas, así como en la elaboración de un plan de habilitación social para los integrantes de los grupos”.

Pero el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) paga honorarios a las Egis por sus servicios de acuerdo a los valores reglamentarios, por lo que el cobro previo articulado por Castro es una práctica contraria a la ley. 

En la sentencia emitida el 23 de agosto de 2017, el Poder Judicial reportó que los proyectos habitacionales por los cuales se generó la denuncia nunca se concretaron. Tras el incidente y a pesar de que las personas delegadas del Serviu se reunieran con los afectados, finalmente no lograron que la Egis devolviera ni rindiera cuenta de los fondos que había recibido Aland Castro. Tras cumplir la pena y pagar los $139.800 que habían sido establecidos como multa, la causa se terminó en septiembre de 2018. 

Desde antes que se emitiera la condena, Doris González y a Aland Castro eran parte de Ukamau en la denominada lucha “por el derecho a la vivienda”. Un propósito que según plasman en sus principios, se suma al interés de “ampliar la base de nuestra organización hacia otros sectores del movimiento social, comenzando con el estudiantil y sindical, apuntando a coordinar nuestros esfuerzos sectoriales con otros movimientos y contribuir al enriquecimiento de las plataformas de lucha en sus contenidos reivindicativos y políticos, en la perspectiva de un nuevo proyecto político popular”. 

El rol de Ukamau

Entre banderas bicolor y un extenso lienzo desplegado entre la masa de votantes de Boric, Ukamau se hizo parte de la celebración santiaguina tras el triunfo del abanderado. Desde el movimiento emitieron un documento sobre los resultados del balotaje, preferencia política que habían defendido con anterioridad: “Este debe ser el primero de una serie de gobiernos transformadores. En el mediano plazo tenemos el desafío de demostrar a la sociedad y la región que los gobiernos de izquierda, progresistas y democratizadores logran producir bienestar económico-social y libertad política”.  

Emplazada en la Población Santiago, cerca de Estación Central, Ukamau comenzó con su primera reunión en febrero de 2011. Una cita donde abordaron la problemática de las más de 500 familias del sector que no tenían una casa, pero que también marcó el inicio del movimiento que hasta la fecha aboga por el derecho a la vivienda y que ha sido uno de los impulsores de la política inmobiliaria del presidente electo, Gabriel Boric. 

Hace diez años atrás, los líderes –entre ellos Castro y Doris González– tenían en la mira la ex Maestranza San Eugenio, un terreno de 43 hectáreas, que pertenecía a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), pero que sonaba como el espacio ideal para comenzar a resolver el problema habitacional. Sitio que actualmente cuenta con 11 blocks, cada uno de  cinco pisos que en total albergan a 424 familias.

Fue en entrevista con la revista Qué Pasa en 2017, donde el coordinador nacional del movimiento Aland Castro, aseguró que “la principal demanda no satisfecha en Estación Central era la vivienda y el hacinamiento. Por eso, la gente se movilizará”. A pesar de que Castro ha estado presente en el liderazgo de la organización, no ha sido el único dirigente de Ukamau que ha estado involucrado en escándalos. Al menos, su pareja Doris Gonzalez ha estado en el ojo público por sus visitas a Venezuela. 

Los nudos con Doris González

González ha sido protagonista de las protestas “sociales” y ha sostenido un rol que le ha permitido asistir a reuniones con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, encuentros que le han valido más de un cuestionamiento. Fue apenas dos días después de que se desencadenara el denominado “estallido social” en Chile, que González se reunió con Maduro, cita de la cual rescató: “Tenemos un tremendo desafío que es acabar con esa democracia burguesa que se impuso en nuestro país desde la dictadura y que no han sido capaces de cambiarla, pero ahora el pueblo de Chile se ha levantado y ha dicho basta”. 

El pasado 26 de diciembre, un hilo de Twitter revivió la reunión. “No es cierto que mantengo o he mantenido cercanía con el gobierno de Maduro”, dice parte de la publicación de la propia Doris González. “Mis vínculos en América Latina son con organizaciones que trabajan la problemática de la vivienda y la ciudad, estas son las organizaciones que me invitaron hace dos años a Venezuela, no Nicolás Maduro”, enfatizó.

Sin embargo, la dirigente tiene otras fotos en las que aparece retratada junto a Maduro en un viaje previo hecho a Venezuela. Según la página de Facebook Ukamau en el Exterior ya se habían encontrado en Venezuela en el año 2016.

Desde la vereda izquierda de la política chilena, estrechó su relación con la campaña de Gabriel Boric. Fue el pasado 15 de septiembre que la militante de Comunes fue la encargada de representar a Boric en el sorteo realizado por CNN Chile y Chilevisión para definir el orden en que intervendrían los aspirantes a La Moneda en uno de los debates televisivos. 

Una cercanía que se viene cultivando desde hace más de un lustro. A fines de octubre de 2015, Boric junto a su equipo parlamentario, organizó un foro llamado “La vivienda, un derecho social” en la Universidad de Magallanes para concientizar sobre la importancia de las viviendas sociales, donde la principal oradora fue Doris González. Esto ocurrió en la previa de la venta de un terreno en Punta Arenas del papá del Presidente electo, Luis Boric, al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en 2016. 

En 2016, además, el diputado por Magallanes dio su apoyo a la dirigente cuando buscó convertirse en alcaldesa de Estación Central. Hoy González formaría  parte del equipo programático de “ciudad” de Boric, según su coordinador programático Diego Pardow.

Fuente: ellibero.cl