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El fiscal general de Ohio, Dave Yost, presentó una demanda contra la administración Biden-Harris para detener la financiación federal de los abortos. La medida se produce después de que la Casa Blanca revocara la “Regla de proteger la vida”, una prohibición del Título X de la administración Trump sobre el uso del dinero de los contribuyentes para promover o financiar abortos electivos.
La demanda de Yost tiene como objetivo restablecer dos medidas que requerirían que las clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales «sean física y financieramente independientes de las clínicas de aborto y se abstengan de derivar pacientes para abortos».
«No se puede ‘seguir el dinero’ cuando todo el dinero se vierte en un solo bote y se mezcla», dijo Yost en un comunicado de prensa. “La ley federal prohíbe que los contribuyentes financien el aborto, y esa ley no significa nada si el dinero federal no se mantiene separado. Francamente, esa es la verdadera razón detrás de la regla «.
La regulación de Biden derogó una regla del Título X de 2019 que requería la separación física y financiera de las «actividades prohibidas, que incluyen proporcionar, recomendar, alentar, promover o abogar por el aborto». Yost quiere que se restauren estas restricciones, argumentando que «el cambio de la regla federal permite que los dólares de los contribuyentes se utilicen para fomentar y apoyar los abortos».
La demanda se produce después de que Ohio y otros 20 estados enviaron una carta a la administración Biden-Harris en mayo, instándoles a mantener las restricciones del Título X en su lugar. En esa carta, los estados señalaron la necesidad del Título X, diciendo:
Muchos estadounidenses consideran el aborto como el asesinato de un niño. Otros estadounidenses no están de acuerdo: consideran que el aborto es uno de los derechos más importantes. La financiación federal ha sido el punto de compromiso por excelencia entre las facciones opuestas en esta área tensa y volátil. Los elementos del compromiso pueden variar en su detalle, pero los componentes generales del compromiso se han mantenido bastante coherentes y claros.
El Congreso, por un lado, no busca prohibir o restringir directamente el derecho establecido por la Corte Suprema en Roe v. Wade y su progenie. El Congreso, por otro lado, busca respetar a quienes tienen objeciones morales o religiosas a la práctica controvertida reteniéndoles fondos federales. El título X refleja este consenso.
Junto a Ohio en su demanda se encuentran Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
Fuente: liveaction.org
