INICIO
MUNDO
NACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
TIEMPO LIBRE
Adjudica Chile, Aisino Corporation, Idemia, Sonda, Telefónica (a través de Movistar Empresas) y Veridos. INTERFERENCIA revisó algunos antecedentes de las seis firmas que hoy están en carrera para el apetecido contrato de US$ 480 millones que regirá el nuevo Sistema de Identificación, documentos de identidad y viaje.
En un proceso que ha tenido varios cuestionamientos y retrasos, pareciera ser que al fin se comienza a enrielar la adjudicación del millonario contrato para el nuevo periodo de diseño, desarrollo, fabricación y soporte de los pasaportes y cédulas de identidad del país.
De esta forma, el Registro Civil dio a conocer hace unas semanas a los competidores que ofertaron para la apetecida licitación, avaluada aproximadamente en 480 millones de dólares por un período de 10 años, una de las más abultadas del Estado chileno junto con la de Junaeb.
Entre los episodios que marcaron lo que ha sido hasta la fecha el desarrollo de la licitación, está la remoción del ex director del Registro Civil, Jorge Álvarez Vásquez, el 16 de octubre del año pasado, apenas un día después de que se publicara su resolución que extendió por segunda vez el plazo para que el organismo conteste las, hasta ese momento, más de 3.000 consultas hechas por los oferentes para aclarar dudas sobre las bases. Asimismo, una consultoría, encargada por el Registro Civil y que develó Ciper en noviembre del año pasado mostró que durante siete años se permitió a Indemia, la actual operadora, no cumplir con un requerimiento de la anterior licitación para la correcta identificación de los usuarios.
Hace unas semanas desde dicha firma, quienes actualmente operan el contrato, presentaron una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública para detener el proceso, ya que consideran que el último cambio que se realizó a las bases de la licitación afectaron al concurso, por lo que se solicitó su detención. Sin embargo, el tribunal no acogió la solicitud de suspensión del proceso licitatorio que presentó la actual operadora.
Con el aviso del tribunal en relación a que el proceso sigue su curso, se informó sobre los consorcios que están en la carrera para ganar la licitación: Adjudica Chile, Aisino Corporation, Idemia, Sonda, Telefónica (a través de Movistar Empresas) y Veridos.
INTERFERENCIA revisó algunos antecedentes y episodios en los que han estado involucrados estas firmas, a partir de la divulgación que se comenzó a hacer en la prensa nacional respecto de Aisino, una de las postulantes.
El historial de los competidores
Considerada un gigante tecnológico chino, Aisino cuenta con más de 18.000 empleados en todo el mundo y es una de las cinco grandes firmas tecnológicas del país asiático, junto a Huawei, Alibaba, Xiaomi y Tencent. Tal como informó La Segunda a fines de mayo, la empresa ha sido blanco de una serie de acusaciones del FBI. La agencia federal advirtió que firmas chinas, entre ellas Aisino, tenían malwares en programas informáticos de impuestos para empresas estadounidenses, con lo que podían acceder a información sin que estas lo supieran. La empresa oriental desmintió la acusación a través de una carta.
En el caso de Idemia, la actual operadora hizo noticia el año pasado por una multa de más de 164 millones que le impuso el Registro Civil por por supuestamente incumplir el contrato e impedir el paso a cierto tipo de información interna, tal como informó INTERFERENCIA en esa oportunidad.
Pero la compañíatambién tiene un historial internacional. La Asamblea Nacional de Kenia ha votado a favor de suspender Idemia de los contratos del gobierno durante 10 años, debido a la denuncia de una violación de la Ley de Empresas y problemas en las dos últimas elecciones generales, amenazando potencialmente el progreso del ejercicio de registro de Huduma Namba del país, según informó el Daily Nation.
Por su parte, el Banco Mundial anunció la inhabilitación por 2,5 años de Oberthur Technologies SA (Oberthur), una empresa francesa de seguridad digital (ahora parte de Idemia). La sanción se refiere a prácticas corruptas y colusorias en el marco del Proyecto del Sistema de Identificación para Mejorar el Acceso a los Servicios (IDEA), un proyecto concebido para establecer un sistema nacional de identificación seguro, preciso y fiable en la República Popular de Bangladesh.
Junto a ello, violaciones masivas de datos como las de Facebook y Equifax han puesto a Idemia bajo escrutinio, especialmente entre los grupos de privacidad y derechos digitales. Los críticos dicen que la compañía es vulnerable a los hackers y el abuso del gobierno, ya que fomenta una “visión orwelliana” de una sociedad monitoreada en la que la privacidad y las libertades civiles ceden ante la intrusión en nombre de la seguridad pública.
En cuanto a Sonda, la multinacional chilena fundada por Andrés Navarro participa en esta licitación junto a la francesa Thales. Según su gerente general, José Orlandini, la apuesta es que la alianza les “permite tener los mejores documentos del mercado”, tal como manifestó a Diario Financiero.
Lo cierto es que ambas firmas han tenido episodios controvertidos en el pasado. En el caso de Sonda, se recuerdan los antecedentes de la licitación para el equipamiento, digitalización y automatización de la base de datos del Registro Civil del Ecuador y la emisión de una nueva cédula de identidad. Otras empresas internacionales ofertantes denunciaron irregularidades en la licitación y que el tiempo para presentar sus propuestas -45 días-, fue muy corto.
Aún más largo es el prontuario de la galesa Thales, con episodios como el de enfrentar cargos de corrupción, crimen organizado y lavado de dinero vinculados al Acuerdo de Armas junto al ex presidente sudafricano Jacob Zuma. En dicho caso, los fiscales dijeron que el ex mandatario aceptó más de 700 sobornos en el transcurso de una década antes de ser presidente, “incluidos pagos en efectivo de la compañía de armas francesa Thales”.
A ello se suma la información de que un intermediario comercial indio, que está acusado en el caso de estafa de helicópteros VVIP, supuestamente recibió en secreto millones de euros del fabricante de aviones Dassault Aviation y la firma francesa de electrónica de defensa Thales, para influir en el acuerdo de Rafale.
Sobre la española Telefónica, que participa en esta licitación a través de Movistar Empresas, está el caso que involucra a su filial brasileña en 2019. En dicha oportunidad, Telefónica Brasil acordó pagar una multa de 4,1 millones de dólares para liquidar los cargos relacionados con la forma en que contabilizó la compra de entradas y un programa de hospitalidad que organizó en los principales torneos internacionales de fútbol, según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, tal como consignó en su momento The Wall Street Journal.
También está el caso del ex-ministro español de Empleo y Seguridad Social, Eduardo Zaplana, arrestado en 2018 por cargos de soborno y malversación de fondos públicos. Zaplana dejó la política activa en 2008 para ocupar un puesto en Telefónica. En reacción a la noticia de la detención de Zaplana, la compañía de telecomunicaciones anunció una cancelación «inmediata» de su relación con él, mientras que el PP confirmó la suspensión de su afiliación al partido.
Aparejada a esta situación, en 2013 el medio Deutsche Welle informaba sobre cómo Telefónica ha encontrado trabajo para varios españoles de alto perfil que se han metido en problemas, entre ellos Iñaki Urdangarin, yerno del rey español Juan Carlos, y Eduardo Yaplana, ex jefe del gobierno provincial en Valencia.
Sobre la empresa alemana Veridos, hay antecedentes recientes de su gestión en Macedonia del Norte, donde el ministro del Interior interino, Nake Culev, dijo en 2020 que existe una fuerte evidencia de abuso en el Ministerio, en la obtención de documentos personales como pasaportes. “Macedonia actualmente se está quedando sin pasaportes en blanco después de problemas con las órdenes de compra con la empresa alemana Veridos, ya que se plantean acusaciones de corrupción por un contrato firmado en 2017, que inicialmente se planeó con un costo de 7,2 millones de euros, pero terminó costando casi 13 millones. Culev dijo que su predecesor Oliver Spasovski ordenó que este contrato con Veridos está preparado. Spasovski firmaría entonces anexos al contrato para justificar un gasto adicional que casi duplicaba la suma inicialmente prevista de 7,2 millones”, explica un artículo del medio Republika.
La germana es parte de Giesecke+Devrient (G+D), cuyas oficinas centrales están en Munich. Desde esa compañía matriz opera Veridos, empresa conjunta con Bundesdruckerei, antigua firma alemana dedicada a sistemas de identificación e impresión segura. Esta última ha estado vinculada a controversias de licitación similares en otras partes de los Balcanes en el pasado.
En Rumanía, la empresa ganó un contrato para imprimir un primer lote de 50.000 pasaportes en 2001. Según los informes, su oferta fue casi el doble de la siguiente más alta. Bundesdruckerei también fue excluido de Bosnia por no cumplir con los términos del contrato, especialmente con respecto a la calidad de los nuevos pasaportes bosnios.
Así, el enigma continúa siendo la nacional Adjudica Chile. Según informó La Segunda, el nombre de Omar Ricouz Bergen aparece como gerente general de la sociedad “Adjudica Chile Consultora de Licitaciones Públicas”. El medio consignó que en su LinkedIn, el ejecutivo afirma que “hemos logrado adjudicar a través de nuestra asesoría, a más de 130.000 millones en proyectos y más una década de sólida experiencia en la Gestión de Evaluación de Proyectos, Licitaciones Públicas y Privadas”. Aún así, el texto también hace referencia a distintas licitaciones donde la firma de Ricouz ha sido rechazada por distintas razones, como no presentar los documentos esenciales requeridos en las bases de licitaciones de la Municipalidad de Lo Barnechea, la Municipalidad de Recoleta y el Ministerio de Vivienda.
Fuente: interferencia.cl
