INICIO
MUNDO
NACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
TIEMPO LIBRE
El 02 de febrero de 2021 la Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió sancionar al magistrado, Luis Barría Alarcón, con la suspensión de su cargo por tres meses recibiendo la mitad de su sueldo, debido a un sumario abierto que confirmó la veracidad de las denuncias por reiterados acosos sexuales a las funcionarias del Juzgado de Garantía de la región de O’Higgins.
Aquella decisión, fue ratificada esta semana por el pleno de la Corte Suprema; suspensión de tres meses con goce de medio sueldo «por su responsabilidad en el cargo materia del presente sumario«. Sin embargo, salvo por la suspensión, el máximo tribunal no se refirió a la solicitud del Tribunal de Rancagua, la medida destinada a dar protección a las víctimas, que sería el traslado del juez, algo que el máximo tribunal no resolvió en esta ocasión. Pero a pesar de darse por acreditados al menos dos de las denuncias -en otras dos fue sobreseido-, el Juez Luis Barría seguirá trabajando en el Poder Judicial.
A pesar que otros medios sacaron a la luz este caso en 2020, El Ciudadano pudo acceder a documentos de la causa y registros fotográficos exclusivos que aportan firmeza y veracidad a las denuncias por acoso sexual reiterado por parte del magistrado Barría, quien es reconocido por su actuar profesional en el «Caso Caval», entre otros. Además, el abogado de las víctimas, Gastón Gaete, conversó con este medio dando detallados antecedentes, respecto a lo ya ratificado por el máximo tribunal.
La resolución de la sanción por parte de la Corte de Apelaciones rancagüina en febrero pasado, se confirmó luego de que la Corte Suprema decretara en octubre de 2020 esta medida cautelar, ya que en junio del mismo año se presentó ante el máximo tribunal, una denuncia anónima que acusaba al magistrado por reiterados acosos sexuales a funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua.
En aquella oportunidad, la Corte Suprema remitió el caso a la Corte de Apelaciones de Rancagua, y ordenó que se abriera un sumario administrativo, por lo que comenzó una investigación a cargo de la fiscal judicial de ese entonces, Natalia Rencoret, quien tuvo que realizar una rueda de interrogatorios a gran parte del personal del Juzgado de Garantía de Rancagua, lugar desde donde provino -probablemente- la denuncia anónima.
Sin embargo, el juez Luis Barría siguió trabajando hasta noviembre del año pasado, meses después de comenzar un sumario administrativo en su contra, lo que corresponde a una excepcional irregularidad, ya que un funcionario público que está siendo indagado por un sumario de esa naturaleza, debe dejar de ejercer sus funciones hasta que concluya la investigación, lo que da cuenta de la red de protección que mantiene entre sus superiores jerárquicos, no siendo la primera ni la última vez que actuaron en la causa.
Así, se desprendieron los testimonios de las funcionarias víctimas de los hechos, y otros funcionarios que declararon como testigos. Cuatro casos revelaron situaciones con un actuar promiscuo y abusivo por parte del juez indagado, pero una funcionaria -que sus colegas reconocieron como la mayor de las víctimas, por la gravedad y reiteración de los hechos que sufrió de parte del magistrado-, no denunció por miedo. Además, uno de los testimonios más relevantes fue el de una funcionaria quien acusó al juez Barría por hechos ocurridos el 2006, por lo que la fiscal Rencoret lo declaró prescrito.
“… recuerdo estaba tomando audiencias con él en la sala 2º del Tribunal de Rancagua, se hizo un receso, él salió de la sala y producto de una consulta que hizo un interviniente, en este caso un defensor, fui en su búsqueda, me paré a su lado mostrándole la agenda del día, comienzo a manifestarle lo pedido y en ese instante él pone su mano por detrás de mí cuello, luego la baja a la zona de la espalda hasta llegar a mi trasero. Recuerdo me puse roja, sentí un calor inmenso en mi rostro, nunca lo he podido olvidar ni tampoco como estaba vestida (traje negro con un beatle morado), me tiré hacia atrás, a fin de que sacara su mano, y volví a ingresar a la sala, me senté en mi puesto de trabajo, no podía soportar las ganas de llorar y le pedí a mi compañera Jeanette Véliz que me reemplazara”, fue parte de la declaración de la víctima en el sumario.
Una fuente cercana a la causa, conversó con El Ciudadano y confesó que la decisión de prescripción fue errónea, ya que los hechos se habrían mantenido en el tiempo en carácter de “reiterados”. Además, en el sumario se esgrime que la misma víctima notificó de lo sucedido a su jefe de ese entonces, Carlos Gordon Olave, quien no le dio ninguna respuesta y justificó, como en otros casos los hechos, diciendo “que a las niñas les gustaba”, dejando en impunidad de los hechos y permitiendo junto con el actuar de su sucesor en el cargo, Rodrigo Valenzuela, junto a otros superiores, que se reiteraran las conductas durante los años posteriores, hasta incluso inicios del año 2020.
La fuente reitera que la víctima volvió a denunciar estas situaciones en 2015 al administrador del tribunal, Rodrigo Valenzuela, pero este no remitió la denuncia ni realizó una investigación al respecto, porque según reconocen varios funcionarios, tiene una íntima amistad con el juez Barría.
La responsabilidad de esos administradores por las conductas del juez, aún se mantiene pendiente, ya que además de ser graves faltas administrativas como superiores de las víctimas, su desidia, omisión y desprestigio de ellas puede ser también constitutiva de delito, porque su protección del juez Barría permitió que existieran nuevas víctimas del juez, constituyéndose en su cómplice y encubridor.
Finalmente, la fiscal judicial acreditó la veracidad de los cuatro casos por denuncias de connotación de acoso sexual. Sin embargo, basándose en lo que establece el Acta 103 de la Corte Suprema, sólo pudo formular cargos contra el juez Luis Barría por dos denuncias, en que se señala “haber acosado sexualmente a las funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua doña (…) y a (…), a quienes mediante distintas acciones, que de manera explícita o implícita se referirían a requerimientos de carácter sexual no consentidos por la ofendida, tales como tocaciones, encerronas, piropos, miradas lascivas, comentarios inapropiados y hostigamientos, dada la calidad de superior jerárquico del acusado, lógicamente generaban una relación abusiva de poder que repercutían, primero en el ambiente laboral y segundo en el bienestar de las ofendidas”, relata el sumario.
A continuación, se adjunta el comienzo de la acusación que realizó la fiscal judicial, Natalia Rencoret, que fue firmado en octubre de 2020.
Poco después de formular cargos, la fiscal judicial fue nombrada como ministra de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, por lo que quedó a cargo de la indagatoria un segundo fiscal judicial de la corte rancagüina, Álvaro Martínez, quien se declaró inhabilitado para tomar el caso por su cercanía con el magistrado Barría, por lo que la causa quedó paralizada por casi un mes.
Así, se decidió remitir a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Talca. Pese a esto, la jurisdicción de la Región de O’Higgins fue quien siguió tomando decisiones del caso, a pesar que la mayoría de sus integrantes son amigos o mantienen estrecha relación con el juez, cuestión que se ha declarado públicamente y también en el sumario y pese a lo cual, impunemente han seguido resolviendo. Actualmente, las dos víctimas que siguen con la causa están aterrorizadas por haber denunciado a un magistrado que se jactaba de sus amistades en la Corte de Apelaciones y que mantiene también cercanos en todos los demás organismos afines en la región, que lo han protegido, encubierto y amedrentado a las víctimas y testigos, para evitar que pague una sanción proporcionada a los hechos cometidos, tanto en la causa administrativa, como en la penal, que ni siquiera ha sido formalizada pese a la contundencia de los hechos, según las fuentes consultadas.
El administrador del Juzgado de Garantía de Rancagua, Rodrigo Valenzuela Correa, sabía de estos acontecimientos desde mucho tiempo antes de que se hiciera la denuncia formal ante la Corte Suprema en junio de 2020. Pero eso no es todo, en el sumario administrativo declaró en tres oportunidades como testigo del indagado juez Barría, donde, según la fuente anónima, mintió diciendo que él desconocía los hechos de connotación sexual, que le fueron informados en varias ocasiones durante años por una de las víctimas y que no sabía nada respecto de la identidad de las mismas y testigos, a pesar que por su cargo era informado de quienes y cuando prestarían declaración en la indagatoria.
Sin embargo, se acreditó en la investigación que sí tenía conocimiento desde antes, a lo menos, tras otro sumario que se le realizó a la funcionaria que acusó de los hechos ocurridos en 2006. En esa investigación, quedó registrada su declaración de que notificó al administrador sobre hechos de acoso sexual y laboral por parte del Juez Luis Barría hacia su persona; pero extrañamente ese sumario “se perdió”, justo cuando la funcionaria lo necesitaba para acreditar su denuncia y hasta la fecha no existe ningún responsable sancionado por esa pérdida.
Otras figuras que se han catalogado como “protectores” del juez Barría, son dos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, uno de ellos es el ministro, Michel González, quien es el mayor implicado en los hechos junto con el administrador, ya que el ministro ejercía como visitador del Juzgado de Garantía en el año 2020, tal cual habría ocurrido en múltiples veces desde que es jefe de ese tribunal, a pesar que mantiene un estrecho vínculo de amistad con Valenzuela y Barría, compartiendo y saliendo de viajes en múltiples ocasiones junto a sus familias. Pese a esto, y con un sumario en contra del magistrado en que se inhabilitó al ser expuesta públicamente su conocida amistad, siguió ejerciendo como fiscalizador en el tribunal y prestando luego declaración en el sumario a favor de su amigo. En otra causa, en que el juez Barría reclamó por supuestas filtraciones a la prensa y como medida de amedrentamiento en contra de las víctimas -que está en curso-, el ministro González no se inhabilitó, como tampoco para supervisar el mismo tribunal en que sigue trabajando su otro amigo.
Fuente: elciudadano.com
