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Según la institución castrense, el documento entregado al Gobierno al inicio de la crisis social consistía en «información de carácter residual» obtenida en la materia.
Por tanto, se esperaba que posteriormente fuera «analizada e integrada por los organismos técnicos competentes».
El Ejército de Chile dio más detalles este jueves sobre el informe que entregó la Dirección de Inteligencia (DINE) de la institución castrense al Gobierno el primer fin de semana de manifestaciones a nivel nacional después del 18 de octubre del 2019.
El documento, recibido antes de que el Presidente Sebastián Piñera señalara que «estamos en guerra» el 20 de ese mes, advertía la presunta presencia de un «batallón de 600 agentes» chavistas (del Sebin) y cubanos (del G2) que supuestamente habían ingresado clandestinamente al país.
El plan de injerencia, que presuntamente estuvo detrás de la crisis social, habría sido elaborado por el Foro de Sao Paulo para desestabilizar el orden constitucional chileno. Sin embargo, esta intervención extranjera fue descartada por autoridades y el Ministerio Público.
En su segundo comunicado al respecto, el Ejército reitera que «el actuar de la Dirección de Inteligencia del Ejército se cumple con estricto apego a la ley y se encuentra sujeto al control democrático permanente de la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara de Diputados y de los Ministros de la I. Corte de Apelaciones que corresponda».
Asimismo, la institución sostiene que el documento referido –y cuestionado ampliamente por la oposición– «no es información producto de un análisis de inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército, sino que corresponde a una interpretación que da a entender a la opinión pública, una situación que no es tal».
«La Dirección de Inteligencia del Ejército, como integrante del Sistema de Inteligencia del Estado, entrega, a requerimiento, la información de carácter residual que obtiene, para que esta sea debidamente analizada e integrada por los organismos técnicos competentes, según corresponda», puntualiza el escrito.
Por otro lado, alude a eventuales sanciones por la supuesta filtración del informe, pues «sin perjuicio de lo señalado, es necesario precisar que la difusión de antecedentes del sistema de información coordinado por la ANI, es constitutivo de delito de acción penal pública».
Mientras el actual ministro de Defensa, Mario Desbordes, dijo no haber tenido tiempo para discutir este asunto con el Ejército, el diputado Gabriel Silber (DC) pidió a la Comisión de Inteligencia, de la que es parte, citar al ex titular Alberto Espina, y al comandante en jefe de la institución, general Ricardo Martínez, para que informen los antecedentes conocidos ayer.
Fuente: cooperativa.cl
