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Ante la serie de requerimientos de parlamentarios que acusan que el envío del correo de la ministra configura una infracción en el uso de datos personales, el CPLT decidió tomar cartas en el asunto. En la misiva, que llegó a manos de madres, padres y apoderados de la Región Metropolitana, la jefa de la cartera salió en defensa del proyecto de Admisión Justa, justo antes de la votación de la idea de legislar en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que en definitiva le fue adversa.
Un plazo de 10 días dio el Consejo para la Transparencia al ministerio de Educación para que dé explicaciones tras los reclamos recibidos por parte de parlamentarios a raíz del denominado “spam” que la jefa de la cartera Marcela Cubillos envió a madres, padres y apoderados de la Región Metropolitana en la previa votación del proyecto Admisión Justa.
La decisión del CPLT tomada en la sesión de hoy, fue adoptada por el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, y los consejeros Gloria de la Fuente, Marcelo Drago y Francisco Leturia, tomando en cuenta que -de acuerdo a los parlamentarios denunciantes- en este caso se configura una eventual infracción en el uso de datos personales.
“El Consejo para la Transparencia realizará en el menor plazo posible una recolección de los antecedentes con pleno respeto de las garantías de todas las partes involucradas. En virtud de la facultad de velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, por parte de los órganos de la Administración del Estado, que el legislador le ha encomendado”, señala la información del CPLT.
El Mineduc tiene un plazo de entrega de 10 días hábiles para hacer llegar los antecedentes y “teniendo a la vista los elementos descritos, se emitirá un informe que dé cuenta de cumplimientos o incumplimientos normativos, según sea el caso”, comunicó el consejo.
Tras el envío del correo de Cubillos, la bancada de diputados DC, encabezada por el diputado Gabriel Ascencio, junto a su par Gabriel Silber, ingresaron un requerimiento ante el Consejo para la Transparencia, pidiendo se fiscalice el hecho dado que se configura “una flagrante infracción a la ley de Protección de la Vida Privada”.
En tanto, para el senador del PPD Felipe Harboe, uno de los principales impulsores de la protección de datos en el país, el envío del correo es idéntico a cuando «uno le entrega un dato personal a los bancos» para que después te llenen de publicidad.
Sin embargo, ante esta crítica, la ministra se defendió, asegurando que “los docentes, apoderados y directivos no son bases de datos, sino que son el corazón de la gestión”.
En la misiva, la secretaria de Estado, tal y como si se tratara de una campaña a favor del polémico proyecto, acusaba un bloqueo legislativo de la oposición y puso el foco en las fallas del actual sistema, argumentando que «el nuevo Sistema de Admisión Escolar, que este año alcanzará la cobertura nacional con la incorporación de la Región Metropolitana, posee múltiples defectos».
Cabe recordar que el proyecto fue rechazado en su idea de legislar en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
