La conversación clave en la víspera del giro que tuvo Bachelet en su postura hacia Venezuela

Poco más de diez días fueron suficientes para que el equipo de avanzada enviado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Venezuela percibiera in situ la magnitud de la crisis que atraviesa ese país. La misión estuvo en Caracas (capital de Venezuela), y en los estados Carabobo (centro-norte), Lara (Occidente) y Bolívar (sur). Pudieron visitar cárceles, hospitales, reunirse con representantes de organizaciones no gubernamentales, y con víctimas de torturas y detenciones arbitrarias.

El panorama que lograron esbozarse fue suficiente para que en la previa a la presentación del Informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela conversaran con Michelle Bachelet.  En su reporte, la Alta Comisionada se refirió -durante el 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos- a “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales”; a las posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad; a las “arduas condiciones de vida” de los miembros de la etnia warao; a las fallas en los servicios públicos; a que hay más de un millón de niños que han dejado de asistir a las escuelas; al aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa; y a la migración forzada de más de 3 millones de venezolanos.

Con ese diagnóstico la ex Presidenta dio un giro en su actitud ante la situación que vive la población venezolana bajo el régimen chavista. Un tono más duro que fue percibido en todos los sectores, tanto así que el mismo gobierno de Maduro -que ha mostrado simpatía por la ex Mandataria- crítico el informe.

La misión estuvo en contacto hasta altas horas de la noche del día anterior al informe dando información a Bachelet. El contacto de la Comisionada con su gente aquí ha sido permanente y por eso se dan esas cifras, porque se tenía información más fresca”, indica Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.

“La misión estuvo en contacto hasta altas horas de la noche del día anterior al informe dando información a Bachelet. El contacto de la Comisionada con su gente aquí ha sido permanente y por eso se dan esas cifras, porque se tenía información más fresca”, indica Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. El activista agrega que el equipo ha tenido jornadas de trabajo diarias de 14 a 16 horas.

Feliciano Reyna, presidente de la ONG Acción Solidaria, añade que este informe oral y preliminar es resultado de un proceso de documentación previa a la visita del equipo de avanzada. “Yo creo que es tan contundente como los informes que ya venía haciendo públicos el anterior Alto Comisionado ante el Consejo. En los trabajos previos había advertencias sobre un deterioro progresivo dentro de Venezuela en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La oficina continuó documentando y está evidenciando lo que se había advertido”, afirma.

Este equipo de avanzada pudo constatar que no hay condiciones para que se dé una visita plena, libre, con acceso a la población vulnerada o afectada. Que los grupos en control del poder no permiten este acceso y tratan de maquillar la situación”, relata Beatriz Borges, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

El 6 de marzo, durante este mismo período de sesiones del Consejo, la Alta Comisionada mencionó una situación de deterioro económico y social “exacerbado por las sanciones”, en referencia a las medidas económicas tomadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, en principio, de congelación de activos de funcionarios específicos de la administración de Nicolás Maduro y, a partir de 2019, sobre la industria petrolera.

Tales declaraciones “preocuparon” a las ONG venezolanas, porque tampoco mencionó las violaciones a los DD.HH. “Creo que a raíz de ese contacto directo de la misión con lo que pasa aquí en Venezuela se ha dado esta evolución en el discurso, porque previamente habló de que la crisis era consecuencia de las sanciones y ya está diciendo que no es así. Está precisando que la crisis era muy anterior y que le preocupa que las sanciones más recientes tengan un efecto en la población. Ahí hay un matiz que antes no existía”, dice Daniels.

Coincide Beatriz Borges, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz): “La importancia de esta actualización tiene que ver con que mostró la magnitud y la gravedad de la crisis. Otro punto tiene que ver con el tema de las sanciones, que hace algunas semanas hizo ruido porque es parte del discurso del gobierno plantear que todo lo que está pasando es por culpa de las sanciones. Sin embargo, aclara que la crisis empezó antes de que se impusieran las sanciones en 2017”. Subraya como puntos relevantes del discurso, la advertencia de que la situación se seguirá agravando y el llamado a que exista un acuerdo para resolver la situación política, que implique compromiso de los Estados.

Daniels recuerda que Bachelet es médico, y es pediatra, razones por las cuales podría haber puesto atención al tema de mortalidad y morbilidad materna, y la mortalidad infantil. “Veo que hay un acercamiento con la realidad venezolana en los temas que a ella más le llaman la atención y adicionalmente a eso ya está señalando hechos concretos: que son los 205 ejecutados por las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) en 2018; y los más de 30 que habrían fallecido también por su accionar solo en el mes de enero”.

“El olor a pintura nueva no quita el hedor de nuestras miserias”

El equipo de avanzada permanecerá en Venezuela posiblemente hasta hoy. Su objetivo era diagnosticar si están dadas las condiciones para que sea la propia Bachelet quien vaya a ese país. Por lo que lo primero que se espera es el resultado de esta recomendación; y que en función de eso la ex Presidenta decida si va o no a Venezuela y cuándo.

Después de eso se abre un lapso de tres meses para que continúen documentando el “informe exhaustivo” que la Alta Comisionada debe presentar por mandato del Consejo de Derechos Humanos en su 41° período de sesiones por escrito y en el 42° período de sesiones actualizarlo de forma oral.

En los trabajos previos había advertencias sobre un deterioro progresivo dentro de Venezuela en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La oficina continuó documentando y está evidenciando lo que se había advertido”, afirma Feliciano Reyna, presidente de la ONG Acción Solidaria.

“Este equipo de avanzada pudo constatar que no hay condiciones para que se dé una visita plena, libre, con acceso a la población vulnerada o afectada. Que los grupos en control del poder no permiten este acceso y tratan de maquillar la situación. Eso también va a quedar plasmado en el Informe. Este equipo técnico no es tonto. Observa y va a dejar constancia de eso en el resumen de la visita”, dice Borges.

Los activistas en DD.HH. están de acuerdo en que la misión no contó con las condiciones para una visita autónoma, independiente y sin limitaciones. “Hubo áreas en donde ellos no pudieron entrar, hubo personas con las que no pudieron hablar. Seguramente habrán notado que se les llevó por sitios predeterminados. Estamos hablando de personas muy profesionales, muy serias, muy rigurosas en la documentación de la situación de DD.HH. Una visita de la Alta Comisionada no puede ser en cualquier forma”, destaca Reyna.

Al equipo, por ejemplo, solo se les dio una hora para visitar la cárcel política de Ramo Verde, y además hay reportes de que el personal médico que intentó hacer contacto con la misión en los centros de salud ahora enfrenta represalias. El médico cirujano Ronnie Villasmil se encuentra en la clandestinidad, luego de que la noche del 15 de marzo funcionarios policiales allanaran su vivienda, después de que él hiciera denuncias sobre el estado de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), mientras la comitiva estuvo en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. También durante la visita del equipo detuvieron al periodista y ciberactivista Luis Carlos Díaz y a Roberto Marrero, abogado y Jefe del Despacho del Presidente Encargado Juan Guaidó.

La Comisión se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con víctimas el lunes 18 y el martes 19 de marzo. Reyna y Daniels participaron de esos encuentros. “Aunque haya limitaciones en los hospitales o en las cárceles para ver todo lo que se necesita ver, el hecho de que se tenga este acceso directo, ya permite que la comisión tenga canales de comunicación más directos con la sociedad civil venezolana y acceso a información a través de canales independientes, que el gobierno no puede controlar”, afirma Daniels y agrega: “El olor a pintura nueva no quita el hedor de nuestras miserias. Ellos quieren blanquear las cosas que están podridas por dentro y en realidad lo que hacen es evidenciar la propia podredumbre del sistema”. Esto, ante las denuncias de que se pintaron hospitales y se llevaron camiones con insumos médicos en los días previos a la visita de la misión.

“El Consejo puede generar una comisión o una nueva resolución”

El equipo de avanzada debe hacer su recomendación sobre si están las condiciones para que Bachelet vaya a Venezuela y también prepararán un informe sobre la visita que podría estar listo en los meses de junio o julio. Esto se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos que también puede tomar acciones.

“El Consejo tiene dentro de su mandato la posibilidad de varios mecanismos de respuesta, que incluyen la alternativa de generar una comisión, o generar una nueva resolución. El tema de los Derechos Humanos es transversal y estas acciones deben contribuir a proteger a los venezolanos de violaciones a los DD.HH; presentar asistencia que pueda evitar más pérdida de vidas y apostar a una solución política, que en el caso de nosotros apostamos a que sea pacífica y con mecanismos democráticos como las elecciones”, dice Borges, de Cepaz.

Reyna, por su parte, dice que la opinión compartida de muchas organizaciones de DD.HH. es que si se llega a dar la visita de la Alta Comisionada esta debiera ser después del mes de junio, tras la presentación del informe escrito, para que el texto “le sirva a ella de respaldo para su visita. Venir con ese informe en la mano, que es un informe muy de fondo, y sobre lo que allí se exprese, ella puede trabajar en el país. Ya tiene la invitación, lo que se espera es que tenga las condiciones de autonomía de independencia que se requieren”.

Ayer, expertos de la ONU “condenaros las violaciones generalizadas de derechos denunciadas durante protestas” en Venezuela. En particular señalaron que “entre el 21 y el 29 de enero, los informes dicen que más de 1.000 personas, incluidos menores de edad, fueron detenidas arbitrariamente en relación con las protestas”.

La información es de: ellibero.cl