INICIO
MUNDO
NACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
TIEMPO LIBRE
«El camino para perseguir las responsabilidades de los actores involucrados puede venir desde la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y de los propios tribunales de justicia», señalan desde el Observatorio de Gasto Fiscal en Chile.
“¿Es efectivo que esa primera defensa (los abogados Felipe Polanco y Jessica Norambuena) habría sido pagada con gastos reservados de la Presidencia de la República?”. Esa fue la pregunta que le hizo el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya a Natalia Compagnon, en el marco del juicio oral del caso Caval. A lo que la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet respondió: “No me consta”.
Precisamente fue esa frase la que no descartó la posibilidad de que parte de su primera defensa haya sido pagada con gastos reservados de la Presidencia durante el gobierno de la ex Mandataria.
Fue el mismo fiscal Moya quien señaló que el matrimonio Dávalos Compagnon le había relatado, durante el proceso, haber recibido una llamada de parte de Norambuena, que ya no era su abogada, quien les agradecía por haberle pagado sus honorarios. Remuneración que fue descartada por la nuera de la ex Mandataria.
“Según sus propios dichos, que me los manifestaron, ellos tomaron ese monto que se le pagó a Jessica Norambuena, que no recuerdo si eran cinco o diez millones, y dicen que concurrieron hasta el Palacio de La Moneda para entrevistarse con Ana Lya Uriarte, y se los entregan en la oficina y le dicen ‘nosotros no necesitamos que ustedes nos paguen nuestros abogados’, y le devuelven el dinero”, dijo Moya a “El Mercurio”. Sin embargo, la pareja se habría negado a entregar esa declaración por escrito.
Tras ello, el ministro del Interior, Andrés Chadwick señaló que “le corresponde al propio fiscal indagar si eso es o no efectivo, porque de resultar efectivo es una situación extraordinariamente grave que se usen recursos públicos para efectos de situaciones de carácter personal o particular”.
La ley n° 19.863 en su artículo 6°establece que los gastos reservados destinados a las entidades definidas en dicha ley, “no podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos, ni tampoco podrán efectuarse transferencias de recursos provenientes de gastos reservados para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales”.
En ese contexto, el analista de Estudios e investigador del Observatorio del Gasto Fiscal de Chile, Manuel Henríquez señala que “está claramente establecido que los recursos públicos no podrían utilizarse para gastos con fines privados, como se estaría planteando en este caso”.
Además, de haberse utilizado gastos reservados para uso particular, el tipo de delito que se estaría cometiendo sería de malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Henríquez explica que “el camino para perseguir las responsabilidades de los actores involucrados puede ser desde la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y de los propios tribunales de Justicia”.
De los gastos reservados, según establece la ley, se debe rendir cuenta anual, en forma genérica y secreta a la Contraloría, directamente a través del Contralor. De este modo, basta con que solamente se entregue un informe genérico con desagregación de los rubros sobre los que se destinó dicho gasto. Y es debido a eso que hoy, por la ley, no es posible acceder a información detallada de dichos gastos, ni siquiera por ley de transparencia.
“Con suerte el organismo contralor puede acceder a datos genéricos, que imposiblemente permiten hacer algún tipo de control preventivo. Hoy, en consecuencia, hay un riesgo importante que estos fondos podrán ser malversados sin que se pueda prevenir o detectar oportunamente”, advierte Henríquez.
En ese sentido, el experto cree que se debería iniciar una investigación, atribución que tienen el Poder Judicial. Así, la Fiscalía podría perseguir “las responsabilidades penales como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, incluso delitos de cohecho y soborno” que pudiesen involucrarse indirectamente debido que se podrían haber ejecutado acciones por parte de un funcionario público en beneficio de un privado.
Cómo fiscalizar los gastos reservados
Según establecen desde el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, existen diversos mecanismos que se podrían estudiar para controlar los gastos reservados. Uno de ellos, es mejorar las atribuciones y facultades de la Contraloría para que revise, de forma detallada, el destino de los recursos gastados por los organismos públicos en esta materia, a través de una auditoría reservada.
Otro factor que se podría implementar, señalan, es que se fije, en conjunto con el Congreso, un criterio sobre qué tipo de gasto puede ser financiado con gastos reservados, es decir, cuál destino pueden tener los fondos, para que posteriormente el ente fiscalizador audite la consistencia respectiva. “Además, deberían transparentarse frente a la ciudadanía los criterios de asignación de estos gastos, sobre todo a las instituciones civiles, no militares”, señalan.
Y, finalmente, que la Contraloría publique los resultados de las auditorías reservadas que haría sobre los gastos reservados. Es decir, apuntan, que pueda compartir con la sociedad civil el tipo de hallazgo encontrado, la magnitud de recursos involucrados, y los tipos de seguimiento en curso.
