«Uno no sabe donde están. Pueden estar en cualquier parte y aparentemente no están pero sí están”. Así explica un funcionario del nuevo gobierno de Sebastián Piñera lo que se encontraron en casi todos los ministerios: Escritorios desocupados de empleados que en las últimas semanas del gobierno de Michelle Bachelet pidieron traslados a otras reparticiones. Esa práctica, sumada a la resolución de la Corte Suprema sobre contrataciones en el Estado, hace muy difícil para las nuevas autoridades armar equipos de trabajo de confianza.
A quince días de asumir el nuevo Gobierno, la administración entrante ha debido enfrentar dificultades para armar sus equipos de trabajo con personas de confianza. Distintos factores han permitido que personas que llegaron al Estado para gobernar con Michelle Bachelet hayan podido quedarse en el gobierno, algunos en sus mismas reparticiones, y otros en algún lugar indeterminado del aparato fiscal, hasta donde llegaron tras pedir traslados de última hora.
Así es como se produce el “fenómeno de las sillas vacías”: las nuevas autoridades llegan a un ministerio y se encuentran con escritorios desocupados, pero que no pueden ser llenados con nuevos funcionarios porque pertenecen a empleados que están en “comisión de servicio” en otro lugar del Estado. El proceso de hacer un catastro de la cantidad de personas que están en esta situación puede tomar semanas. Pero aún cuando se tenga la información completa eso no significa que se pueda proceder a hacer reemplazos por profesionales de confianza de la nueva administración.
La semana antepasada la Corte Suprema emitió resoluciones (13 y 15 de marzo) en que determinó que los funcionarios públicos a contrata y a honorarios poseen un vínculo laboral asimilable al Código del Trabajo, por lo que no pueden ser despedidos automáticamente.
La práctica y costumbre en los cambios de gobierno desde 1990 a la fecha era que se entendía que los funcionarios de exclusiva confianza llegaban y salían con el gobierno de turno. La mayoría de ellos trabajaba en modalidad “a contrata” o “a honorarios”. Así, cuando llegaba un nuevo gobierno, lo usual era que renunciaran o que aceptaran que se les finiquitara sin más trámite que la firma de algunos papeles. Pero al nuevo gobierno le tocó enfrentar una situación completamente distinta. Es lo que coloquialmente se conoce como “apernamiento”.
Por ejemplo, el pasado 27 de febrero, diez días antes del cambio de mando, la Superintendencia de Seguridad Social comunicó en un oficio la creación de una nueva unidad: el Departamento de Gestión Institucional y Gabinete, destinada a asesorar al Superintendente y apoyarlo en la gestión del servicio. La creación de esta nueva entidad implicó que se informara la contratación de al menos ocho nuevos funcionarios, de planta, a contrata y a honorarios. Y pese a que fueron nombrados por el bacheletismo en los últimos momentos del su mandato, la administración de Piñera sólo podría removerlos a través de un extenso procedimiento, como un sumario. Aquí les mostramos el documento de respaldo.
“Estamos trabajando con toda la gente de antes. Muchos no están físicamente en su puesto y tenemos a mucha gente esforzada y con ganas que quiere trabajar”, relata un profesional que sí logró incorporarse al nuevo gobierno.
Si en los gobiernos de la Concertación se acuñó el término de “las sillas musicales”, para reflejar el fenómeno de cómo las mismas figuras ocupaban los más altos cargos públicos sólo que cambiándose de ministerio entre gobierno y gobierno, hoy más que música hay silencio. El silencio de las sillas vacías. “No es que no estén, están, pero en otra parte. La cosa es que ya no están sentadas ahí”. Y como no están, no pueden hacer ningún trabajo y tampoco pueden ser reemplazados.