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Comunidades y ayuntamientos no reconocen oficialmente los diferentes ‘géneros’, mientras que el ayuntamiento de Nueva York ha reconocido 31 ‘géneros’ distintos, mientras que la ONU se dispara hasta las 112 identidades de género distintas reconocidas.
España se ha convertido para muchos países en modelo de políticas de promoción de las minorías LGTBI. Las administraciones regionales, autonómicas y estatales compiten por legislar en defensa de una minoría que a base de sumar letras, parece que ya se está convirtiendo en mayoría.
El ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, recoge 31 identidades de génerodistintas y la ONU ha reconocido 112. Una lista recoge unos cuantos grupos que se incluyen en esos 112. En el fondo, lo que muestra toda esa distinción es que la “autopercepción personal subjetiva“, que aparece en la propia definición de Identidad de Género, es que legislar sobre ello lo único que va a provocar es una dificultad extrema a la hora de afrontar determinados temas: ley de violencia de género, brecha salarial, discriminación…
Ante las leyes que se han aprobado en España en diferentes comunidades autónomas, o que están en su fase de aprobación, un miembro de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción ha preguntado a algunas de estas administraciones sobre la existencia de algún listado en el que se reconozca los géneros que existen, así como si se va a plasmar ese catálogo de géneros en los documentos oficiales. Esto último, debido a que el experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la diversidad de género ha reiterado que “para el ejercicio de dichos derechos ha de darse el paso clave de dar a todas las personas el derecho a que se reconozca su identidad de género en documentos oficiales”.
La respuesta es unánime. Todas las administraciones consultadas (Junta de Andalucía, gobiernos de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra, Pasí Vasco o La Rioja y los ayuntamientos de Ibiza, Sitges, Bilbao o Madrid) han afirmado que no poseen ninguna lista en la que se recoja las diferentes identidades de género reconocidas.
Esto resulta especialmente extraño dado que muchas de las comunidades a las que se les preguntó tienen legislación vigente en materia de defensa de las minorías LGTBI o están en fase de deliberación o aprobación.
La Junta de Andalucía aprobó el 19 de diciembre de 2017 la Proposición de Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato de los géneros y no discriminación de las personas LGTBI y sus familias en Andalucía; el Gobierno de Aragón tiene en fase de deliberación el proyecto de Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación en la Comunidad Autónoma de Aragón; el Gobierno del Principado de Asturias se está tramitando un anteproyecto de ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y de género; en las Islas Baleares están en la fase de desarrollo de la ley 8/2016 de 30 de mayo para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans*, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI; en Castilla-La Mancha se está en proceso de legislar sobre la identidad de género; en la Comunidad Valenciana se está trabajando en el proyecto del Decreto del Consell por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/2017 de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y la expresión de género; en Galicia está en vigencia la Ley 2/2014 por la igualdad de Trato y la no discriminación de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales de Galicia… y lo mismo ocurre en Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja o Melilla.
La pregunta que surge es cómo se puede legislar sobre algo de lo que no hay una descripción detallada. Se ha legislado sobre la la identidad o expresión de género, para la no discriminación de géneros, pero no hay un listado de géneros.
Resulta llamativa la respuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid desde la Secretaría General de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Junto a toda su diatriba en la que no pueden faltar las palabras heteropatriarcal, binarista, “dicotomía macho/hembra supuestamente anclada en la biología“, afirma que su concepción de género incluye que “no se ancla en la naturaleza ni en la biología, no es un aspecto absoluto sino de grado, que incluye la posibilidad de transitar de forma fluida entre distintos niveles de masculinidad y feminidad -niegan el binarismo, pero la fluctuación es entre un binario-” y que “cabe construir una identidad que trascienda los géneros binarios o que postule un tercer género más allá (o más acá) de lo masculino y lo femenino”. ¿Y por qué sólo un tercer género y no cuatro o cinco?
Pero claro está, el problema está en la práctica. Deciden no incluir en los papeles de la administración otra distinción entre hombre y mujeres -donde se podrían incluir los otros 31 o 112 géneros- para no diluir “aspectos de la realidad como la brecha salarial o la prevalencia de la violencia contra la mujeres“.
Aquí está el meollo de la cuestión. En el momento en que se haga un listado de este tipo, se derrumba, al menos teóricamente todas las leyes sobre discriminación, las leyes sobre violencia de género y otras leyes similares. ¿Sería violencia de género que una mujer, hormonándose en su tránsito a ser varón, golpeara a su pareja hembra? ¿Sería violencia de género que un varón de género fluido golpee a su pareja hembra? ¿Cómo saber si en el momento de la agresión era varón o hembra? Y la casuística nos puede llevar a cientos de combinaciones en las que se muestra el sinsentido de estas leyes.
Son varias personas, miembros de esas minorías que comprenden el mundo LGTBI, las que se han dado cuenta de ese sinsentido, de manera que hay grupos de lesbianas que no aceptan, por ejemplo, que los hombres transexuales sean mujeres. Porque aceptarlo implicaría que las mujeres no tienen la patente sobre la feminidad. Si un hombre puede ser una mujer, esto implica cancelar lo propio de ser mujer, significa resbalar hacia una sexualidad borrosa.
El Ayuntamiento en su respuesta, también afirma que “es prioridad” conseguir que la identificación y expresión de género que cada quien elija para sí “sea irrelevante a la hora de disfrutar de prestaciones y de servicios“. Eso da a entender que un varón que se reconozca como de género fluido, debería tener las mismas prestaciones y servicios que una mujer, por ejemplo. De manera que, y volvemos a la Ley de Violencia de Género, debería convertirse en Ley de Violencia de Sexo Masculino, ya que el número de géneros haría casi inviable su aplicación.
