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Las colectividades están exigiendo que la Presidenta cumpla con cerrar el recinto, a 12 días del cambio de mando. En la Nueva Mayoría, sin embargo, creen que es difícil tomar una decisión en tan poco tiempo.
A menos de dos semanas de que la Presidenta Michelle Bachelet deje La Moneda, la izquierda volvió a exigir que la mandataria cierre el penal Punta Peuco, tema polémico en la actual administración y que algunos partidos han retomado como última ofensiva antes del cambio de mando.
Ayer, los tres diputados electos del Partido Humanista, del Frente Amplio, entregaron una carta al Gobierno en el que piden a la Presidenta cumplir la promesa que le hizo en 2015 a Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del Caso Quemados, de clausurar el recinto penitenciario que hoy mantiene a 122 reclusos.
“La instamos a cumplir ese mandato ético y político a pocos días de finalizar su mandato. Usted tiene en sus manos la responsabilidad de impedir que la impunidad se perpetúe y también la oportunidad de pasar a la historia como la Presidenta que puso fin a este vergonzoso y triste legado”, dice la misiva.
El diputado electo Tomás Hirsch afirmó que el país no estará en un Estado de derecho y democracia plena “mientras exista un penal como Punta Peuco, un lugar de lujo que favorece en condiciones inmejorables a genocidas, a homicidas, a gente que cometió los peores horrores en nuestro país”.
A ellos se sumó la diputada electa del PC, Carmen Hertz, quien aún guarda esperanzas de que la mandataria clausure el penal. “Creo que la va a honrar el compromiso que ella tomó, que es un compromiso tomado explícitamente no sólo con Carmen Gloria Quintana, sino que también hay un compromiso moral con la sociedad chilena, con la lucha contra la impunidad, para cerrar una cárcel especial para genocidas”, planteó.
Jorge Brito, diputado electo de Reveolución Democrática, también pidió que Bachelet tome una decisión en los 12 días que le quedan, pues a su juicio el Gobierno está al debe en materia de derechos humanos, no sólo por Punta Peuco, sino que también “por La Araucanía y por no acabar con la justicia militar. La historia del país ha tenido momentos importantes sobre los que hay que generar aprendizaje y pareciera que incluso aquellos que fueron víctimas de las violaciones a sus derechos humanos, se olvidaron cuando llegaron al gobierno”.
Poco tiempo
Los partidos de la Nueva Mayoría también creen que la mandataria debió cerrar el penal, pero advierten que ya casi no queda tiempo para concretar esta medida.
El senador Jaime Quintana (PPD) dijo que es difícil que en estos pocos días pueda tomar una decisión, pero consideró urgente el “replantearse la realidad de recintos carcelarios. Por ejemplo, se debiera tomar una decisión en el sentido de destinar los lugares de detención en función de las necesidades de la población penal, donde destacan las madres reclusas con niños pequeños”.
Y el diputado electo Marcelo Díaz (PS) añadió que no hay nada que legitime el tener un trato especial con los violadores de derechos humanos, pero planteó que “no sé si hay margen, más allá de lo simbólico, para tomar esa decisión en cosa de días. Lo más probable es que una decisión así sea revertida por Piñera. En lo práctico tengo dudas sobre su efectividad, pero en lo simbólico es importante”.
La promesa
En 2015, Carmen Gloria Quintana dijo en una entrevista que la mandataria le habría dicho que había decidido clausurar el penal en septiembre de ese año, lo que no ocurrió.
Y el año pasado, la jefa de Estado fue consultada por esto y se limitó a responder que iba a cumplir “con todas las promesas que he hecho y que está en mis manos hacer”. Pero quedó en la duda si haría algo específicamente con el penal.
Lo cierto es que, al menos en su programa de gobierno, el cierre de Punta Peuco no aparece. Sólo dice que impulsará medidas administrativas y legislativas “que impidan la impunidad en materia de derechos humanos”, tales como evitar que la Ley de Amnistía sea aplicada en juicios de crímenes de lesa humanidad.
En lo que respecta al próximo gobierno, ya hay decisiones tomadas: el designado ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que “Punta Peuco es una cárcel que va a seguir”, y el abogado de los condenados anunció que pedirá a Piñera el indulto para los reos que tengan enfermedades terminales.
