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En el país centroamericano el aborto está prohibido en todas sus formas y la oposición ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.
Un tribunal de El Salvador confirmó este miércoles (13.12.2017) una condena a 30 años de prisión a una mujer acusada de haber abortado a su hijo en 2007 y que se encuentra encarcelada desde hace diez años.
El caso de Teodora Vásquez salió nuevamente a luz porque su defensa solicitó la revisión y anulación de la pena por las múltiples contradicciones que a su criterio existen en el proceso que falló en contra de la mujer.
«La sentencia no contiene errores, está bien fundamentada y por ello solicito que se declare sin lugar el recurso de revisión solicitado por la defensa y se mantenga en firme la sentencia condenatoria», dijo la fiscal del caso en sus alegatos finales.
El abogado de Vázquez, Hugo Mata, lamentó el resultado y señaló que revisará el fallo, cuya versión completa se dará el 20 de diciembre próximo, para evaluar la opción de presentar un recurso de «casación».
Fuera de las instalaciones de los tribunales salvadoreños varias decenas de mujeres protestaban desde que inició la audiencia y pedían con consignas, pancartas y cantos la liberación de Vázquez.
Vásquez, según el relato de organizaciones sociales que la respaldan, «experimentó una emergencia obstétrica» en julio de 2007 y, tras llamar en varias ocasiones al sistema de emergencias público sin recibir respuesta, tuvo un parto «extrahospitalario en los baños» de la escuela en la que trabajaba.
Amnistía Internacional (AI) lamentó la decisión. Ina Stroem, asesora de comunicaciones de la organización declaró que «es una tragedia, no hay justicia», tras conocer el fallo del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.
No obstante, Stroem aseguró que «Amnistía Internacional va a seguir luchando por los derechos de las mujeres en El Salvador, no se va a rendir».
«Es importante que El Salvador revise sus leyes y sus procesos que siguen encarcelando a mujeres solo por ser mujeres», acotó la representante de AI, quien se mostró conmovida junto a sus compañeras y familiares de la condenada.
En junio de 2016, miembros de Amnistía Internacional (AI) se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y le presentaron 250.000 firmas «exigiendo la libertad para Teodora».
El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.
En octubre de 2016, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, contrario a la oposición, que ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.
En el país centroamericano unas 30 mujeres, al no poder ser acusadas de abortar, fueron condenadas a penas de entre 12 y 30 años de prisión por delitos como homicidio agravado, según datos de las organizaciones.
RRR (Dpa, Efe).
