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Documento fue entregado a la fiscalía el 2 de febrero de 2015 y se basó en el análisis de las conversaciones telefónicas realizadas por Sergio Catrilaf Marilef. El abogado Rodrigo Román, quien defiende al comunero en el juicio que comenzó esta semana, desestimó el trabajo de la policía y criticó al Ministerio Público
Hoy Sergio Catrilaf Marilef es uno de los 11 acusados del caso Luchsinger Mackay, para quien el Ministerio Público solicita la pena de presidio perpetuo calificado. Su detención se concretó el 30 de marzo del año pasado, pero la PDI tenía puestos los ojos sobre él al menos un año antes.
Así se desprende de un informe que la policía civil hizo llegar a la Fiscalía de La Araucanía el 2 de febrero de 2015, en que se elaboró un análisis a las conversaciones interceptadas a su teléfono celular. Esto, porque a esa fecha ya era un sospechoso del atentado que costó la vida al matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, la madrugada del 4 de enero de 2013.
A partir de estos datos, los detectives establecieron que se trataba de una persona que organizaba una serie de actividades de recuperación de tierras reclamadas por grupos de mapuche, muchas de ellas relacionadas con el corte de caminos.
El documento de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) indica que Catrilaf Marilef “es un dirigente de la Comunidad Indígena Juan Catrilaf II, activista mapuche estrechamente vinculado al Lof Lleupeco Catrileo, este último grupo radical instalado desde 2010 en el ex fundo Margarita (antes propiedad de Jorge Luchsinger)”. El escrito añade que, además de ser vinculado a la reunión previa al atentado perpetrado a los Luchsinger Mackay, fue formalizado por el atentado ocurrido a un bus Turbus en julio de 2009, en el by pass Temuco. Esta causa está cerrada, sin condenados.
El informe agrega que “actualmente se ha detectado a Catrilaf Marilef efectuando acciones de adoctrinamiento a comunidades mapuche que inician sus procesos de recuperación territorial, a fin de que se materialicen hechos delictivos, tales como ataques incendiarios a predios agrícolas, forestales y sus instalaciones, cortes de ruta, usurpaciones, y otros”. Según el documento, “se ha verificado que lidera un grupo de al menos seis sujetos (weichafes), todos residentes de comunidades mapuche de la comuna de Vilcún, denominadas ‘en conflicto’, quienes son los encargados de cometer materialmente los delitos señalados”.
De esta forma, se mencionan cuatro interceptaciones al teléfono del imputado. En una de estas, le indica a una mujer “cómo distraer la atención de la policía poniendo barricadas cuando oscurezca, ya que después no se van a meter (la policía)”. En otra de las escuchas, conversa con un hombre que “están en la recuperación del fundo San Juan. A su vez, Catrilaf solicita a su interlocutor difundir por los medios de comunicación lo que está sucediendo en el lugar”.
Ya finalizando el informe, la PDI establece que “se ha determinado hasta la fecha las identidades y los teléfonos utilizados por el grupo operativo, liderado por Sergio Catrilaf Marilef, que se ha desplegado en distintos sectores de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún y sus alrededores, al fin de perpetrar delitos en el contexto de recuperación de tierras que desarrollan comunidades mapuche en esos sectores”.
Según los detectives, este grupo “mantiene armas de fuego de alto calibre, que trasladan a fin de utilizarlas en la comisión de los delitos, por lo cual los mencionados corresponden a sujetos de alta peligrosidad delictual”.
“Es pura especulación”
El informe elaborado por la PDI fue desestimado por la defensa de Sergio Catrilaf. Uno de sus abogados, Rodrigo Román, argumentó que el contenido del documento no tiene sustento.
“Eso es especulación dura y pura de la policía, con el propósito de blindar el caso, que saben que van a perder, porque no tienen antecedentes, no tienen pruebas, y se valen de los medios de comunicación masivos, de circulación nacional, para blindar un caso que carece de fundamento jurídico”, sostuvo Román.
Agregó que “esto es parte de la pirotecnia a que nos tiene acostumbrados el Ministerio Público en el contexto de los juicios de alta connotación”.
El senador por La Araucanía, Alberto Espina, también se refirió al informe de la policía civil. A juicio del parlamentario, el documento “lo que demuestra es que detrás del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay lo que hay es una organización ilícita cuya acción es realizar hechos de violencia y terrorismo en La Araucanía”.
Añadió que “el juicio debió realizarse en otra región, porque el nivel de amedrentamiento es evidente cuando hay personas que son imputadas de hechos de terrorismo”.
