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La Casa Blanca impone las primeras sanciones de carácter global contra Venezuela, para buscar la restauración del Estado de Derecho.
El Presidente Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que prohíbe todo tipo de compra de bonos públicos y deuda del Gobierno venezolano y la petrolera estatal, PDVSA. Jorge Arreaza, canciller venezolano ha dicho a penas se supo la decisión: «la peor agresión en los últimos 200 años, desde que el imperio español fuera desafiado por Simón Bolívar”.
Durante una llamada con la prensa, altos cargos de la Casa Blanca y el Departamento del Estado explicaron que el objetivo de las medidas es evitar que “el sistema financiero de EE UU sea cómplice del régimen de Maduro”. La orden de Trump también “prohíbe transacciones con ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela”, afirma El País.
El Departamento del Tesoro emitirá excepciones para “mitigar los daños a ciudadanos estadounidenses y venezolanos”. Estas permitirán que la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, pueda seguir operando con normalidad. Y la exportación e importación de petróleo entre ambos países siga libre de sanciones. El comercio de otros bienes, así como las transacciones económicas relacionadas a la ayuda humanitaria seguirán siendo permitidas.
Las medidas llegan dos días después de que el vicepresidente Mike Pence volviera a recalcar la necesidad de una solución pacífica y negociada a la crisis que atraviesa el país bolivariano. También enfatizó, como ya ha hecho la Casa Blanca en otras ocasiones, la importancia de trabajar en coordinación con sus aliados latinoamericanos, a quienes Pence visitó la semana pasada. Pese a que Trump llegó a sugerir que una solución militar estaba también entre las posibilidades, numerosos mandatarios americanos rechazaron esta idea.
Washington continúa así, sin prisa pero sin pausa, su presión al régimen chavista que desde hace meses ha realizado maniobras ilegales para aferrarse al poder. El último de estos gestos sucedió la semana pasada, cuando la Asamblea Constituyente de Maduro despojó de sus funciones al parlamento electo venezolano, controlado por una mayoría opositora.
Hasta ahora, las sanciones de la Administración Trump solo habían sido impuestas a miembros del gobierno de Caracas, como Maduro y numerosos individuos de su cúpula, entre ellos su vicepresidente, Tareck El Aissami. La función de estas es congelar los activos y propiedades de altos cargos venezolanos en EE UU. Pese a que el gobierno de Trump ha sancionado a más de 20 altos cargos chavistas, las medidas no han servido para detener la espiral de violencia estatal y el afianzamiento de más poder en las manos del gobierno.
Desde la sede de las Naciones Unidas, el ministro de exteriores venezolano afirmó que Venezuela estudiará una respuesta contra EE UU pero no especificó en qué podría consistir. Tras reunirse con el secretario general António Guterres, Arreaza cuestionó si las medidas estadounidenses “quieren matar de hambre a los venezolanos” y acusó a Washington de estar actuando de manera dictatorial. “En este mundo, todos los problemas se deben resolver por vía del diálogo, de la diplomacia, y no con amenazas de guerra”, defendió el chavista.
