Gastos duplicados y pagos por fármaco «fantasma»: informe revela irregularidades de la Fundación Daya

Un informe preliminar de Contraloría reveló anomalías en un proyecto liderado por la Fundación Daya. Creada por la actual diputada Ana María Gazmuri, la organización recibió millonarios recursos por parte de 14 municipios, pero tan sólo dos de ellos recibieron la totalidad de los fármacos de cannabis acordados en los convenios. Otras nueve casas edilicias ni siquiera vieron el medicamento destinado a pacientes con dolores crónicos, según expone el documento. Consultado el equipo de la parlamentaria, la vocería fue derivada a su cónyuge, quien se defendió de las alegaciones.

Casi 380 millones de pesos —provenientes de las arcas públicas— percibió la Fundación Daya a cambio de dotar a 14 municipios de un fármaco a base de cannabis. ¿El problema? Contraloría detectó que sólo dos comunas recibieron la totalidad de las dosis comprometidas. Otro par obtuvo un número menor a lo acordado y 11 se quedaron, simplemente, con las manos vacías.

Así al menos consta en un informe preliminar del organismo de control —al que tuvo acceso BBCL Investiga— en el que se constatan indicios de cuantiosas irregularidades en la organización fundada por la actual diputada, Ana María Gazmuri, y su cónyuge, Nicolás Dormal.

En el escrito de 58 páginas, el ente fiscalizador cuestiona la falta de control de los propios municipios que suscribieron el acuerdo y los apunta por infringir los principios de “eficacia, responsabilidad y transparencia” establecidos en la ley.

Gastos duplicados y desembolso de millonarios recursos por ítems no asociados a los convenios forman parte de los hallazgos que deberán ser confirmados o desvirtuados en el informe final, aún en curso, de la CGR.

LA INDAGATORIA

La investigación al programa “de uso compasivo de aceite de cannabis” comenzó luego de que la Contraloría recibiera dos denuncias por un posible incumplimiento en las rendiciones de cuentas de la organización.

A cambio, todos las comunas recibirían el fármaco en base a cannabis, con la finalidad de suministrar el tratamiento a 100 o 200 pacientes durante un año. Así, las administraciones comunales desembolsaron un aproximado de entre 17 y 35 millones de pesos, según fuera el caso. En promedio, cada municipio invertiría un total de $176.227 por cada paciente.

Sin embargo, los problemas comenzaron al poco andar. Primero, porque —según la Contraloría— Calama, Tocopilla, Calera de Tango y Quinta Normal firmaron el convenio antes siquiera de que estuvieran los permisos del SAG para la siembra, la plantación, el cultivo y la cosecha de cannabis, además de la importación de 6.900 semillas provenientes de Países Bajos. Y segundo, porque algo similar sucedió con las autorizaciones del ISP. Es que, según se desprende de los documentos tenidos a la vista por este medio, se comprobó que 13 municipalidades en análisis firmaron el convenio, e incluso transfirieron recursos a Daya, antes que el ISP autorizara el uso del medicamento.

PAGARON PERO SE QUEDARON CON LAS MANOS VACÍAS

Pero hay más. La Contraloría también constató que, a la fecha del presente informe, 9 de las 14 municipalidades estudiadas ni siquiera recibieron el fitofármaco acordado en los respectivos convenios con la Fundación Daya. Ello, pese a que todas ellas ya habían desembolsado los millonarios recursos.

En efecto, de acuerdo a lo informado por el laboratorio encargado de su elaboración, en una reunión sostenida con Contraloría el 22 de marzo de 2024, sólo Quilicura y Chillán recibieron el tratamiento comprometido para la cantidad de pacientes señalada en el convenio. En tanto, Graneros y Antofagasta obtuvieron sólo una parte menor de los medicamentos obligados (ver recuadro).

Fuente: biobiochile.cl