INICIO
MUNDO
NACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
TIEMPO LIBRE
Una reunión informal sostuvieron esta mañana diputados opositores, del oficialismo y grupos no alineados (PDG y Amarillos) que han participado de la comisión investigadora de la Cámara por los traspasos irregulares desde reparticiones públicas a fundaciones ligadas a grupos políticos.
Si bien la instancia fiscalizadora ya culminó su período de audiencias y de recopilación de antecedentes, aún falta una última sesión para resolver el informe final que evacuará a la sala de la Cámara. Este encuentro, ya de orden formal, se realizará el próximo lunes.
En la cita informal de hoy, los presentes intercambiaron los primeros borradores, que en su mayoría tienen algunos denominadores en común, al sentar reproches a la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD); a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD); y al jefe de asesores de la Presidencia de la República y exsubsecretario, Miguel Crispi (RD), quien se negó inicialmente a comparecer ante la comisión investigadora. A ellos se les cuestiona en estos borradores haber fallado o haber flexibilizado controles administrativos y políticos que hubieran permitido detectar y frenar traspasos irregulares de fondos.
No obstante, en el intercambio de documentos preliminares afloró lo que será el gran tema de tensión en el informe final: cuál será el reproche que se le hará al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien es el único que puede ser acusado constitucionalmente y eventualmente destituido en juicio parlamentario de parte del Congreso.
Al menos el borrador que presentaron los diputados de Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Fuenzalida (UDI) y José Miguel Castro (RN), quien además fue el presidente de la comisión investigadora, sostiene que Montes incurrió en una “negligencia inexcusable”, concepto jurídico que se usa en normas laborales y el Derecho Penal para aludir a una falta que no se subsana con una disculpa.
“El ministro Carlos Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma cómo se gestionaban o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales y en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión constitutiva de negligencia inexcusable derivó en un perjuicio fiscal evidente y en la imposibilidad de satisfacer necesidades impostergables de nuestros ciudadanos”, dice el borrador de Chile Vamos, que están a un par de votos de transformarse en el informe de mayoría.
Las diputadas Chiara Barchiesi (republicana) y Yovana Ahumada (independiente), podrían dar su apoyo a este texto. Incluso Ahumada propuso exigir la responsabilidad política de Montes: “Es impresentable que el ministro fuese el único que no tuviese conocimiento de los graves actos de corrupción”
Si llegase a prosperar la idea de la “negligencia” sentaría un punto delicado para el futuro político del ministro de Vivienda, a quien sectores de la oposición, especialmente del Partido Social Cristiano, pretenden acusarlo constitucionalmente por su responsabilidad política.
La “negligencia” propiamente tal, a veces acompañadas con adjetivos de “inexcusable” o “grave”, fue usada en el pasado como elemento para sostener los libelos acusatorios en contra de los exministros Harald Beyer (Educación), Yasna Provoste (Educación) y Andrés Chadwick (Interior), quienes fueron sancionados con la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante 5 años tras un proceso cursado por la Cámara y el Senado.
Sin embargo, aun cuando Barchiesi y Ahumada acepten fusionar sus propuestas con la de los diputados de la UDI y RN, la oposición necesita de un voto más para imponer su texto.
Esta mañana, los diputados Andrés Jouannet (Amarillos), Raúl Soto (PPD) y Rubén Oyarzo (PDG) presentaron un escrito alternativo que además de arremeter contra Crispi, Martínez y la exsubsecretaria Rojas fija su crítica en el RD y especialmente en figuras como el exministro Giorgio Jackson y la diputada Catalina Pérez. “Fue este grupo de militantes de Revolución Democrática, los que generaron en el aspecto institucional y político una serie de crisis y daños”.
“La orden del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, de dejar de reportar transferencias a terceros da bajo el mandato del ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, militante de Revolución Democrática”, dice por ejemplo el escrito de Jouannet, Soto y Oyarzo. No obstante, el documento no hace ninguna mención individual a Montes, solo referencias a la falta de controles del Ministerio de Vivienda, en general.
Por lo tanto, las negociaciones de la derecha con este grupo de legisladores serán decisivas a la hora de resolver el informe final.
Esas tratativas podrían dejar en minoría al borrador de parlamentarias de izquierda, Ericka Ñanco (RD), Mercedes Bulnes (Frente Amplio independiente) y Carolina Tello (PC), que sostienen que existe una debilidad institucional frente a los traspasos, que viene desde 2019. No obstante, las legisladoras dicen que no se logra constatar un “mecanismo de defraudación” y valoran la rápida respuesta de Minvu. Además piden que Contraloría precise a futuro, a través de un nuevo dictamen, las obligaciones de personal de honorarios frente a citaciones de la Cámara.
Fuente: latercera.com
