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Personas que no han completado la pauta de inmunización por riesgo de alergia grave o haber sufrido una reacción severa tras el primer pinchazo dosis se sienten discriminadas.
Ana María Jiménez tiene 29 años y recibió la primera dosis de Pfizer-BioNTech el pasado 27 de julio. Tres días más tarde despertó “con la mitad izquierda de la cara completamente paralizada”. Asustada y pensando ya en la vacuna como posible causa de lo que le ocurría —no sufre ninguna patología previa—, esta auxiliar de enfermería acudió a urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. El diagnóstico fue de una parálisis de Bell, un trastorno que afecta al nervio que controla los músculos faciales.
A Frederic Sans, ingeniero industrial de 49 años, la cara, los brazos y las piernas se le hincharon y llenaron de un llamativo eczema rosáceo dos semanas después de recibir el mismo suero. Ha necesitado tres meses y muchos fármacos —corticoides, antihistamínicos…— para restablecerse. Laura Joanpera, de 40 años, recibió la vacuna de Moderna y, aunque tenía antecedentes de alergias y sensibilidad química, no esperaba lo que estaba por venir: problemas para caminar, dificultades para mover las extremidades…
Son tres testimonios de la cara menos frecuente y menos amable de las vacunas: la de las personas que sufren los efectos secundarios de estos fármacos. Según el Informe de Farmacovigilancia de las Vacunas COVID-19, publicado por el Ministerio de Sanidad el día 20, las 72,4 millones de dosis administradas hasta el 12 de diciembre han provocado “53.407 acontecimientos adversos”, apenas el 0,07%. En su inmensa mayoría, estos episodios son leves y de corta duración —dolor en el brazo, náuseas, fiebre de un día…—, pero otros sorprenden a los afectados por una virulencia que ha llevado a sus respectivos facultativos a desaconsejarles recibir la segunda dosis.
Una decisión que, sin quererlo, ha añadido nuevos problemas al sufrimiento ya vivido y los deja en una especie de limbo vacunal: “Como no hemos completado la pauta vacunal, aunque sea por indicación médica, no podemos tener el certificado al día. Esto nos impide viajar, tener acceso a todos los lugares donde lo piden y llevar una vida normal”, lamenta Joanpera. “Cuando sufres la reacción alérgica, no puedes dejar de preguntarte por qué te ha tocado a ti y si todo esto no era de alguna forma prevenible. Pero que ahora te excluyan del pasaporte te hace sentir discriminado”, denuncia Sans.
A Sara Benjelali, abogada de 49 años, la echaron de un bar. Presentó a los camareros el informe que le había preparado su cardióloga donde explica que, por precaución, no ha recibido la segunda dosis por las repentinas taquicardias sufridas—se despertaba a 180 pulsaciones— al poco de recibir el primer pinchazo de Moderna. “Me dijeron que eso ellos no lo podían valorar. Que, si el código QR no les salía en verde, hiciera el favor de abandonar el local. Fue chocante y doloroso”, recuerda.
Certificados médicos que no sirven
La mayoría de los afectados tienen, como ella, algún tipo de certificado médico que explica su situación. Pero esto, lamentan, deja lo que pueda ocurrir en manos de empleados de los negocios o lugares a los que quieran ir y que casi nunca saben qué hacer. Todos han tenido buenas y malas experiencias. “Es un problema de las administraciones y tiene una solución que no es difícil: que podamos disponer del certificado si el médico nos desaconseja completar la pauta. No es que no queramos vacunarnos, al contrario, es que no podemos por indicación médica y encima nos dejan sin el pasaporte covid”, critica Joanpera.
Para las administraciones, sin embargo, el tema no parece tan fácil. Algunas, como Andalucía y Castilla y León, afirman que siguen las “indicaciones de la Unión Europea”. Cataluña, Galicia y Asturias señalan que la alternativa que tienen estas personas es someterse a una prueba PCR o test de antígenos —una de las tres vías junto a recibir la segunda dosis o haber pasado la infección— para disponer del certificado.
País Vasco y Murcia responden que, aunque no esté completado, en el certificado de estos pacientes sí consta que han recibido una dosis y que eso debería ser suficiente para acceder a los sitios que lo piden. Algo similar a lo respondido por la Comunidad Valenciana, que se ofrece a hacer informes médicos explicando lo ocurrido. El resto de comunidades aseguran que no han tenido constancia de casos similares o no responden, ya que no han implantado la exigencia del certificado.
Un portavoz de la Comisión Europea también señala que hacerse una PCR o test de antígenos permite obtener el certificado completo, admite que no se contempla otra alternativa a nivel europeo y apunta a que “cada país puede adoptar las medidas necesarias para ofrecer una exención”. El Ministerio de Sanidad, por su parte, señala que “son las comunidades autónomas que han impuesto el certificado para realizar algunas actividades las que deberían establecer las excepcionalidades pertinentes”, algo que por ahora ninguna ha precisado en los documentos publicados para explicar la implantación de la medida.
Los afectados se muestran abatidos y frustrados. “No podemos estar haciéndonos y pagando una prueba PCR cada tres días o un test de antígenos cada dos. Podemos ser pocos, pero no es este el tipo de respuesta que nos merecemos”, coinciden en afirmar todos con palabras muy similares.
No hay estimaciones precisas de cuánta gente puede verse afectada por esta situación tras haber sufrido una reacción grave a la primera dosis. Los expertos consultados apuntan a que la incidencia de estos casos es muy rara, entra dentro de lo previsto en las fichas técnicas de las vacunas y no altera el balance riesgo-beneficio de una campaña que ha salvado 90.000 vidas en España, según un reciente estudio publicado por Eurosurveillance, lo que explicaría que la situación de estas personas no parezca una prioridad para las administraciones.
Burocracia
Inmaculada Roldán, de la Sociedad Española de Cardiología, apunta a la burocracia como origen del problema y al diseño del propio certificado. “Algunos de estos casos se explican por reacciones alérgicas que, aunque muy raras, existen. Otros, como las taquicardias, por la debida precaución mientras se sigue la evolución del paciente, aunque pueda resultar difícil establecer una relación causa-efecto. En todo caso, sería algo muy fácil de solucionar: el certificado vacunal, si es por indicación médica, debería poder completarse”, afirma.
“Lo que está fallando es la informática en el último escalón del certificado, que es el que afecta más al ciudadano. Algo parecido ocurre con personas que han vivido en el extranjero y se han vacunado con otras vacunas como Sinovac y Sputnik. A ellos se les permite convalidar oficialmente su situación en los centros de vacunación internacionales, pero luego la traducción de todo eso al certificado digital no es adecuada y el código QR que sale no es admisible. Es un problema administrativo que puede llegar a ser muy importante para estas personas”, añade Roldán.
Nelly Fernández es abogada y vive en Reus. A sus 39 años, tiene un largo historial médico que incluye endometriosis severa (un doloroso trastorno en el útero), neuralgia del trigémino (que causa un intenso dolor en la cara), osteoporosis y fibromialgia, entre otras dolencias que la han llevado a tener reconocida una minusvalía del 46%. “Yo no he recibido ninguna dosis. Los médicos me dijeron que no me vacunara porque también he tenido un síndrome de hiperalergias que me hizo sufrir un shock anafiláctico con parada cardiorrespiratoria. Todo esto me parece muy discriminatorio, porque te obligan a ir explicando tu historial médico y ya bastante tenemos con seguir adelante con lo que sufrimos”.
Fuente: elpais.com
