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Al Presidente Piñera le falta convicción para proteger la institucionalidad y la Constitución que él juró defender. Los temores que lo inmovilizan no solo no mejoran su posición personal, sino que gravan ominosamente el futuro de Chile.
El problema no es que el Estado “no llega con recursos a la gente y no ha hecho nada frente a la pandemia” para justificar desfondar el sistema previsional. Los parlamentarios no quieren escuchar argumentos. No les interesan los datos que les tira encima de la mesa el ministro de Hacienda, como que Chile ha hecho un esfuerzo fiscal del orden del 8,4% del PIB, superando a todos los países de la región y a la par de Alemania y Austria. No hay oídos para escuchar que más de la mitad de los que retiraron la primera vez no tenía caídas significativas de ingresos o que el gobierno ha paleado más del 80% de la pérdida de ingresos con transferencias directas por US$ 6.200 millones.
Tampoco les importa deteriorar más las pensiones de los futuros jubilados, mientras llevan años bloqueando una reforma para tratar de mejorarlas. Les es indiferente, asimismo, que de los 6 puntos porcentuales que se discute subir la cotización, 2 se vayan a evaporar de un suspiro si aprueban el segundo retiro. Menos les importa comprometer el futuro crecimiento de la economía, como ha advertido el Banco Central. O imponerle una fuerte carga al fisco, el que perdería US$ 10 mil millones con ambos retiros, entre subsidios al ahorro e impuestos que dejará de percibir y la pesada tarea de financiar el 100% de las pensiones básicas solidarias de los 4,2 millones de chilenos que quedarán con cero peso en sus cuentas para jubilarse.
Con la ultra izquierda y parlamentarios de derecha defendiendo que los ricos no deben pagar impuestos por cotizaciones que nunca tributaron (y que las AFP les triplicaron), estamos en tiempos de demagogia. Y a ésta no se le responde con datos, ni con la razón. Se la enfrenta con convicciones, pero éstas también parecen haberse desfondado en La Moneda, la que mira desde la galería cómo le quitan atribuciones e hipotecan el futuro de Chile, con una calculadora personal en la mano que le paraliza la acción (también en materia de orden público y en La Araucanía). Es cierto que hay argumentos para no hacer la presentación al Tribunal Constitucional (TC), porque si éste fallara en contra, daría por bueno el parlamentarismo de facto que continuaría presentando iniciativas en las que no tiene competencia con el resquicio de reformas constitucionales.
Pero es muy difícil que el organismo encargado de defender la Constitución legitime que el alto quórum de 2/3 que se exige para normas de seguridad social, le permita a los parlamentarios tomar iniciativas que la Carta Fundamental no les reconoce. Es inverosímil pensar que, con la venia del TC, esta mayoría de honorables podrá continuar legislando gastos y postergar o condonar impuestos (acaban de presentar otra iniciativa para aplazar un año el pago de patentes comerciales) mientras presionan al Estado para triplicar sus desembolsos.
Pero el Presidente, o no cree que estén pasando a llevar la Constitución, o ha sido tibio, hablando de “dudas” en vez de acusar infracciones a la misma y repitiendo una y otra vez que hicieron una reserva constitucional (la hizo un subsecretario, ni siquiera un ministro). Ya vimos que en el caso del primer retiro el Mandatario nunca se decidió a recurrir al TC. Por el contrario, se subió presto al carro de la demagogia promulgando antes de 24 horas la ley y dando por buena la iniciativa. Ahora incluso sondeó con sus partidarios promover como Ejecutivo el segundo retiro, pero acotándolo. Siguió fielmente el adagio “si no puedes contra ellos, únete”… Súmate a la danza del barbarismo irresponsable que hunde un sistema que tardó 30 años en consolidarse y que correspondería mejorarlo, para aumentar el ahorro y así las pensiones, pero no dar el puntapié para volver al fracasado reparto del que salió dificultosamente Chile, al que ya retornó Argentina y al que transita rápido Perú.
Si hay parlamentarismo de facto hoy, es por la debilidad del Presidente, quien no da ninguna señal de querer contrarrestarlo reafirmando su iniciativa exclusiva y responsabilidad en materia de gasto fiscal, impuestos o seguridad social. Por el contrario, le ha facilitado a los diputados faranduleros y cortoplacistas dañar gravemente la institucionalidad, buscando el Ejecutivo congraciarse con posturas intermedias (reducir a 41 horas la jornada laboral, en vez de las 40 que propusieron diputadas comunistas) o accediendo a sus requerimientos, como extender el post natal hasta que termine el estado de emergencia (sabiendo que es una fórmula regresiva). Ha renunciado a impulsar políticas públicas bien hechas que, sin embargo, ha pedido defender a los parlamentarios de Chile Vamos frente a las iniciativas del “progresismo parvulario”. Como si él pudiera salvarse solo.
Las señales sí importan y hoy sus parlamentarios (además de los partidos de Chile Vamos) lo acusan de endilgarle a ellos los costos, lo cual provoca desafección y que muchos resolvieran (aunque ello no los justifica) sumarse a la marea demagógica que desfonda el sistema de pensiones con la excusa de “tener la platita para la Navidad”.
A esta altura está bien claro que el Presidente Piñera es parte del problema. Le falta convicción para proteger la institucionalidad y la Constitución que él juró defender. Los temores que lo inmovilizan no solo no mejoran su posición personal, sino que gravan ominosamente el futuro de Chile. Si ha permitido al parlamentarismo de facto, anunciado en enero por el senador Jaime Quintana, manejar la agenda, se cumplirá lo que ya anticipó el mismo legislador: que en 2021 la conducirá la Convención Constitucional. Descarriar el sistema constituyente previsto en la Carta Fundamental puede ser el descalabro final.
Fuente: ellibero.cl
