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La decisión se produce a menos de veinticuatro horas de que el vecino Perú aplique una medida similar, siguiendo los pasos de Ecuador.
Un tribunal de Quito anuló este viernes (24.08.2018) la regulación del Gobierno de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos que entran al país y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Relaciones Exteriores para que presente un plan de contingencia si es que quiere seguir aplicando esa medida.
Así lo decidió la Unidad Judicial Tercera de la Familia, en una audiencia de solicitud de medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría «aplaude esta decisión que lo que hace es reconocer el derecho de las personas, en este caso el derecho de las personas a emigrar», dijo tras la audiencia el abogado Ernesto Pazmiño.
Pazmiño agregó que la jueza Judith Naranjo «fundamentó su decisión en el artículo 1 de la Constitución», que establece que «Ecuador es un estado de derecho y justicia».
La decisión de la Corte se produce a menos de veinticuatro horas de que el vecino Perú aplique una medida similar, siguiendo los pasos de Ecuador, que la instauró el pasado sábado.
La intención del Gobierno ecuatoriano era tener un mayor control sobre la migración de venezolanos, pero su decisión fue contestada por la Defensoría del Pueblo como una violación de los derechos humanos.
«Consideramos que este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos», insistió Pazmiño, para quien la jueza, lo que ha hecho, es «sumarse al pedido y al clamor de Ecuador y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración», que es un «problema regional».
Naranjo también dio a la Cancillería de Ecuador un plazo de 45 días para que presente un plan de contingencia humanitaria que sirva para hacer frente a los problemas de inmigración, aunque se desconoce por el momento si ambas decisiones están vinculadas.
Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, se mostró «decepcionado» por el fallo pero dijo «respetar» la decisión del poder judicial.
«Nos parece que la jueza ha actuado dentro de sus competencias y tenemos que respetar su decisión. Tendremos que analizarla pero aparte de este respeto a la decisión judicial existe también una decepción por parte de las entidades del Estado que fueron demandadas», afirmó ante los periodistas.
Y justificó la decisión de imponer el pasaporte en que, lo que hace la Cancillería, es «todo lo que puede para mantener una migración controlada, segura y responsable para que los ciudadanos venezolanos puedan insertarse en el Ecuador de la manera correcta».
rrr (efe/afp).
