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La intención de la Unión Demócrata Independiente de llegar hasta el Tribunal Constitucional no solo ha generado división al interior del oficialismo. Senadores del Partido Socialista advirtieron que la movida del gremialismo es un «atentado contra los derechos de las mujeres y contra una ley aprobada democráticamente».
El protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales sigue causando controversia en los diferentes sectores políticos del país.
La semana pasada, el Gobierno de Sebastián Piñera presentó un nuevo protocolo, por el cual la UDI tiene la intención de llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC), situación que ha generado división al interior del oficialismo.
Ante esa posibilidad reaccionaron parlamentarios del Partido Socialista (PS), quienes criticaron la postura de la UDI e insistieron en que la ley de aborto en tres causales fue aprobada por mayoría y de manera democrática.
«Nosotros vamos a defender hasta el final el derecho que tienen las mujeres en situaciones tan extremas como las tres causales, de poder interrumpir el embarazo, o conocido como aborto. Nos parece que la UDI está negando una ley que aprobamos democráticamente. Está negando, lo que es más grave, el derecho a las mujeres a tomar una decisión», dijo la senadora Isabel Allende.
«Nos parece que es un atentado contra los derechos de las mujeres, es un atentado contra una ley aprobada democráticamente, y es una falta de respeto a una mayoría clara que se manifestó en este Parlamento», agregó Allende.
Al respecto también se pronunció el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde, quien reiteró su compromiso «irrestricto» con las mujeres. «Lamentablemente el compromiso de la UDI con las mujeres les duró menos de un mes. Hoy demuestran su verdadera cara, porque no están dispuestos a cumplir una ley que fue aprobada por el Congreso de la República y que consagra derechos importantísimos para las mujeres de este Chile. No creen en los derechos de las mujeres, y no creen en la democracia, y por eso han planteado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional», planteó.
El protocolo de objeción de conciencia fue aprobado por el Gobierno de Michelle Bachelet. Tras la llegada de la administración piñerista a La Moneda en marzo, el ministro de Salud, Emilio Santelices, modificó el protocolo. Sin embargo, este posteriormente fue rechazado por la Contraloría General de la República, argumentando que «no se ajusta a derecho», lo que obligó al Ejecutivo a enmendar.
Otro de los que criticó duramente a la UDI por su posición ante el protocolo de objeción de conciencia fue el senador Juan Pablo Letelier, quien señaló que «ser democrático es reconocer que en Chile la ley permite que mujeres en estas tres causales puedan interrumpir su embarazo. ¿Y dónde? En todos los lugares que reciban fondos públicos. Es tan simple como eso».
«Es aberrante ver cómo una minoría, como es la UDI en estas materias, insiste en querer imponer su visión de sociedad al resto de las chilenas y chilenos», acotó Letelier.
Por último, habló Alfonso de Urresti. El militante socialista recordó que hace 20 años -y a modo de comparación con lo que está ocurriendo con el protocolo de objeción de conciencia- se aprobó la ley que termina con la discriminación entre hijos legítimos e hijos ilegítimos, la que votaron en contra los representantes de la UDI. «Hace 20 años precisamente negaron la posibilidad de que cualquier niño, independientemente de si naciera dentro de un matrimonio o fuera de él, tuviera igual tratamiento, iguales derechos. Por eso nos parece absolutamente cínico, absolutamente contrario a lo que predican, lo que predica el Gobierno y lo que la UDI ha sostenido en sus declaraciones, que una vez más se quiera recurrir al Tribunal Constitucional para que se implemente para reducir el derecho a las mujeres para tratar de modificar una ley que precisamente con mayoría se aprobó en este Parlamento».
De Urresti hizo un llamado a los actuales ministros a que recapaciten y entiendan que «son minoría y que en definitiva se debe respetar la voluntad soberana a través de la aprobación de esta ley».
Vale señalar que, el viernes pasado, el Gobierno modificó su criterio respecto de la objeción de conciencia y repuso una disposición establecida durante la administración de la Presidenta Bachelet.
La norma en cuestión prohíbe a los establecimientos privados de salud ser objetores institucionales de conciencia si reciben fondos públicos en las áreas de obstetricia y ginecología, precisaron las fuentes, modificación que fue enviada a la Contraloría.
