INICIO
MUNDO
NACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
TIEMPO LIBRE
La candidata presidencial colombiana Marta Lucía Ramírez instó a los países latinoamericanos a fijar “cuotas” para la acogida de refugiados venezolanos. DW habló con dos expertos sobre la idoneidad de esa propuesta.
En su análisis más reciente, el politólogo alemán Günther Maihold sugiere que a lo largo de las fronteras terrestres venezolanas hay focos de tensión capaces de desestabilizar a todo el subcontinente sudamericano, empezando por Colombia, donde el frágil acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno saliente de Juan Manuel Santos no sólo está expuesto a la oposición de muchos de sus compatriotas, sino también a las secuelas de la catástrofe económica y del síndrome de ingobernabilidad que aflige a su vecino.
Las confrontaciones ideológicas de sus líderes, las añejas disputas territoriales, la economía del narcotráfico y el intercambio comercial tradicional vinculan tan estrechamente a ambos países que los problemas puntuales de cada uno terminan siendo casi imposibles de separar, comenta el subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), con sede en Berlín. Otros nexos importantes, según Maihold, son los actores violentos que actúan al margen de la ley, cruzando el linde binacional, y el flujo migratorio que antes iba y ahora viene.
La vulnerabilidad fronteriza y la creciente inmigración desde el este adquirieron más relevancia en la campaña electoral colombiana este lunes (5.3.2018), cuando la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez instó a las naciones latinoamericanas a pactar «cuotas» de acogida de refugiados venezolanos. La política, quien aspira a liderar la coalición de derechas tras una consulta que se realizará el 11 de marzo, recomendó ofrecerles permiso de residencia, de trabajo y acceso a una asistencia mínima por un lapso máximo de dos años.
Colombia no puede sola con Venezuela
«Lo que vive Venezuela hoy es una tragedia humanitaria» que Colombia no puede ignorar ni tampoco echar «sobre sus hombros» sin que nadie la ayude, declaró Ramírez. «Nos queda grande [ese reto] y se da en un momento en que la economía colombiana está en crisis; la institucionalidad está en crisis y la inseguridad, desbordada. Entonces, si pretendemos nosotros asumir toda esta carga, terminamos hundiéndonos nosotros y ellos», agregó la dirigente conservadora. Cabe preguntar si su planteamiento es viable e idóneo.
«Para encontrar precedentes de iniciativas como la de Ramírez hay que remitirse a normas promulgadas en los años veinte del siglo pasado, cuando Colombia prohibió la inmigración de ciudadanos chinos, emulando las legislaciones racistas prevalentes en Estados Unidos. Otros países latinoamericanos les pusieron trabas también a los inmigrantes chinos cuando los europeos hablaban del ‘peligro amarillo'», recuerda Thomas Fischer, profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt.
«Si la idea de Ramírez gana popularidad en América Latina no será por los antecedentes mencionados, sino por el actual auge del discurso xenofóbico en casi todos los países que se perciben como imanes en términos migratorios. Por mi parte, debido a la extensión y porosidad de la frontera colombo-venezolana, yo no creo que la migración se pueda controlar por cuotas», opina Fischer, quien es también director del Instituto Central para los Estudios Latinoamericanos (ZILAS) y presidente de la Asociación Alemana de Investigaciones sobre América Latina (ADLAF).
América Latina, más allá del Grupo de Lima
«La propuesta de Ramírez trae a la memoria las protestas de los socios de la Unión Europea con costas en el Mediterráneo, que llevan años pidiéndole a los países del norte que compartan la carga de la inmigración proveniente de África y el Cercano Oriente, y la petición que hizo la canciller Angela Merkel de repartir proporcionalmente, entre los Estados comunitarios, a los refugiados acogidos por Alemania. En estos casos, las palabras claves son humanitarismo y solidaridad», dice Claudia Zilla, del SWP.
«Yo creo que el problema en cuestión no necesariamente demanda, en primera instancia, la introducción de mecanismos meramente cuantitativos como las cuotas por países para darles asilo a refugiados, pero sí que los Estados latinoamericanos reconozcan la magnitud del desafío que implica la emigración masiva de venezolanas y venezolanos, y que respondan coordinadamente, como región, considerando no solamente las causas del fenómeno -la crisis político-institucional y humanitaria en Venezuela-, sino también sus posibles efectos negativos sobre el de por sí precario proceso de paz colombiano», sostiene la experta de Berlín.
A sus ojos, América Latina, en general, y Sudamérica, en particular, deberían asumir responsabilidades de cara a lo que ocurre en Venezuela, ir más allá de las declaraciones hechas por los miembros del Grupo de Lima contra el Gobierno de Nicolás Maduro, diseñar estrategias de acción para repartir el peso del éxodo de tal forma que no recaiga únicamente sobre los vecinos directos de Venezuela. «Aún si se aplicaran cuotas para la recepción de inmigrantes, su primer destino seguiría siendo el vecindario directo de Venezuela», observa Zilla.
¿Todos o nada?
«Es muy probable que Colombia se vea obligada a solicitar apoyo económico y de know-how con miras a erigir la infraestructura necesaria para albergar a los inmigrantes venezolanos antes de siquiera poder hablar de repartirlos por el continente con base en un acuerdo de cuotas. El factor geográfico es ineludible y creo que es el que dictará la pauta. Las cuotas son un detalle ínfimo; lo que hace falta es un concepto integral y, que yo sepa, no existen iniciativas concretas en este sentido», señala la especialista.
¿Cómo funcionaría ese sistema de cuotas en la práctica? ¿Las embajadas latinoamericanas les concederían asilo a los venezolanos por concurso o por sorteo? ¿Los campamentos de refugiados en la frontera colombo-venezolana recibirían a los emigrantes y los transportarían de inmediato a otros países? ¿Lo harían antes o después de registrarlos y ofrecerles los primeros auxilios pertinentes? ¿Cuánto costaría sistematizar la construcción de los campamentos y quiénes pagarían? «Todo eso hay que pensarlo», subraya Zilla.
«Ni la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ni la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), ni el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) están cumpliendo con sus misiones. Esas asociaciones de países deberían convocar a cumbres extraordinarias para abordar la materia. Independientemente de que los Gobiernos aliados de Maduro envíen emisarios o no al encuentro, el resto debería llegar a un consenso y tomar medidas. Lo absurdo es que no se haga nada si no coinciden todos», critica la investigadora del SWP.
Evan Romero-Castillo (VT)
